España no está entre los once países europeos que han pedido quedar exentos del cultivo de transgénicos

• Se amparan en la nueva legislación sobre este tipo de cultivos
• Los países pueden imponer una prohibición de forma unilateral

La nueva legislación sobre el cultivo de transgénicos entró en vigor la pasada primavera.

Once países de la Unión Europea (UE), entre los que no está España, han pedido a Bruselas quedar exentos del cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) en su territorio, ha informado el portavoz comunitario de Medioambiente y Sanidad, Enrico Brivio.

Esos Estados miembros son: Francia, Hungría, Polonia, Lituania, Austria, Grecia, Croacia, Letonia, Holanda, Reino Unido y Bélgica.

Brivio precisó que, en el caso de los dos últimos países, el veto se aplicará sólo a algunas regiones (a Gales, Escocia e Irlanda del Norte en Reino Unido, y a Valonia en Bélgica). Añadió que tanto Letonia como Grecia habían informado ya a las empresas fabricantes de transgénicos de su intención de no permitir ese cultivo y que en el resto de casos se está informando a las firmas afectadas.

La nueva legislación sobre el cultivo de transgénicos, que entró el vigor la pasada primavera, establece que los países pueden prohibir los OGM por motivos de política medioambiental diferentes a los riesgos para la salud o el medioambiente. La legislación fija un procedimiento para permitir a las compañías que producen OGM consentir estas restricciones en su licencia de comercialización antes de que el Estado miembro adopte tales medidas.

Los países pueden imponer una prohibición de forma unilateral, aunque la compañía no esté de acuerdo.

Los Estados miembros que acepten estos cultivos, por su parte, tienen que garantizar que no contaminan otros productos y prestar especial atención para prevenir la contaminación transfronteriza.

Bloqueo de cuatro años

La reforma de la legislación sobre el cultivo de OGM, que llevaba cuatro años bloqueada por los desacuerdos entre los Estados pro y anti transgénicos, fue finalmente adoptada a principios de 2015.