El PSOE está dispuesto a regular la eutanasia mientras el Gobierno dice que ya hay regulación y funciona "bien"

• El caso de la niña enferma gallega pone de nuevo el debate encima de la mesa
• Los obispos, contrarios a la eutanasia, critican el "encarnizamiento terapeútico"
• Asociaciones sanitarias creen que la ley ampara a los padres de la niña
• Derecho a morir dignamente pide que se despenalice la eutanasia

El caso de Andrea ha reabierto el debate en nuestro país sobre la eutanasia

El debate sobre la eutanasia se ha puesto de nuevo encima de la mesa por el caso de la niña de 12 años con una enfermedad degenerativa e irreversible para la que sus padres piden una muerte digna y que ha provocado una escalada de reacciones.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a, si gobierna en la próxima legislatura, abrir un debate sobre la eutanasia para tratar de aprobar una ley con el consenso de otros partidos, mientras que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no considera necesario en estos momentos una nueva regulación ya que, a su juicio, existe ya una normativa sobre la aplicación de los cuidados paliativos y no destinados a alargar la vida artificialmente.

Sánchez, en una entrevista en la cadena Ser, ha opinado que la eutanasia afecta a muchos aspectos, como el moral o el ético, pero "también tiene que ver con la vida y a eso hay que dar una respuesta desde los poderes públicos".

En el caso de Andrea, la niña hospitalizada en Santiago, Sánchez ha emplazado a la Xunta de Galicia a "dar curso y aceptar" la petición de sus padres de que pueda morir, al tratarse de "un derecho humano y legal".

Los padres de una niña con una enfermedad degenerativa e irreversible reclaman una "muerte digna"

Justicia espera que se solucione la discrepancia entre familiares y médicos

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá se ha referido también al debate y ha recordado que en la legislación española ya existe una regulación sobre esta materia que fija las condiciones en que los médicos desempeñan su labor diariamente y por la que se resuelven casos similares "cotidianamente" en beneficio de los intereses de las familias y de las personas enfermas.

Por ello, el titular de Justicia confía en que en este caso concreto se encuentre una solución a la discrepancia entre los familiares de la menor y los facultativos que la atienden.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha afirmado que los profesionales sanitarios y los jueces son quienes tienen "la palabra" en este caso y considera que "no hay ningún motivo" para no confiar en la decisión de los profesionales. Alonso ha señalado que este caso tiene "muy conmovidos a todos" y que comprende "muy bien" a la familia.

Desde el punto de vista legal, ha explicado Alonso, España cuenta con la Ley de autonomía del paciente que garantiza el derecho a rechazar un tratamiento a que no haya encarnizamiento terapéutico y a recibir cuidados paliativos "que hagan más llevaderos esos momentos difíciles para una muerte digna".

Mientras, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha afirmado que su partido no se ha planteado el asunto durante esta legislatura aunque el PP lo debatirá de cara a la elaboración del próximo programa electoral.

No obstante, ha pedido que se diferencie entre la eutanasia pasiva, que supone no mantener la vida de forma innecesaria por medios artificiales, de la eutanasia activa, de la que se ha mostrado contrario.

Otros grupos políticos se han referido al asunto en los pasillos del Congreso de los Diputados. Así, el diputado de CDC, Carles Campuzano, ha pedido ser "más valiente" y poner en marcha una legislación "avanzada"; y el diputado de UPyD, Julio Lleonart, ha apostado por la aprobación de una regulación nacional sobre eutanasia, tanto por la vía activa como por la pasiva.

Actualmente, Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Baleares, Galicia tienen leyes autonómicas de muerte digna, además, próximamente, se desarrollará en el País Vasco.

Los obispos, en contra del "encarnizamiento terapéutico"

Por su parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, se ha pronunciado este jueves en contra del "encarnizamiento terapéutico" en la asistencia a la niña, aunque ha destacado que la Iglesia está en contra de la eutanasia.

"El médico tiene la obligación de intentar la curación y mejoría del paciente siempre que sea posible y, cuando no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo aún cuando de ello pueda derivarse el acortamiento de la vida", ha subrayado Gil Tamayo, citando el código deontológico médico, al ser preguntado por el caso de la niña gallega.

Ha dicho que, ante la inminencia de la muerte, rechaza el tratamiento obstinado, "el encarnizamiento terapéutico que únicamente vaya a producir una prolongación precaria y penosa de su existencia", pero eso, ha añadido, no significa eutanasia.

Asociaciones sanitarias creen que la ley ampara a los padres de la niña

Otro de los colectivos más implicados en este asuntos, los médicos, han reaccionado a la polémica. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha asegurado que la petición de los padres está "perfectamente amparada" por la legislación y ha resaltado que la actuación del hospital y de la Xunta es "francamente deplorable".

Lo ha asegurado el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle, quien ha considerado que se les está acumulando más sufrimiento al que ya padecen por lo que ha pedido que la situación se solucione a la "mayor brevedad posible".

Se ha mostrado partidario de regular la eutanasia, como lo han hecho varios países europeos. "La experiencia ha demostrado que si está bien regulada, no se producen abusos y mejora la situación de la gente que se encuentra en momentos prácticamente imposibles de soportar", ha indicado.

Derecho a Morir Dignamente pide que se aborde la despenalización

También la Asociación Derecho a Morir Dignamente ve necesario abordar la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido y creen que el conflicto en torno a la pequeña gallega "está provocando un sufrimiento añadido a una situación por naturaleza dramática".

Desde la Asociación recuerdan que la Ley Básica de Autonomía del Paciente (LAP) de 2002 establece como un principio básico que "el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y a negarse al tratamiento", en el caso de un menor el consentimiento debe ser del tutor legal; "en el caso de Galicia, estos derechos han sido reforzado por una ley autonómica de Muerte Digna, aprobada recientemente", recuerdan.

En su opinión, hay que respetar la pluralidad de la sociedad española, que "se manifiesta mayoritariamente a favor de regular la eutanasia", y dar un paso más allá teniendo en cuenta que las leyes autonómicas actuales de muerte digna "han demostrado que son una herramienta insuficiente para que se respeten los derechos y se mejore la calidad de muerte de los ciudadanos".