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La secretaria de Rato y un presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno, en libertad con cargos tras declarar ante el juez

  • Están imputados por blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal
  • El magistrado ordena que comparezcan una vez al mes en dependencias judiciales
  • Los dos fueron detenidos el pasado miércoles por la Guardia Civil
  • La causa afecta, por el momento, a nueve imputados, entre los que se encuentra Rato

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Miguel Ángel Montero a su salida del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid
Miguel Ángel Montero a su salida del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

El juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dejado en libertad sin fianza a la secretaria del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, Teresa Arellano, y al supuesto testaferro del exministro, Miguel Angel Montero, tras declarar ante el magistrado durante dos horas y media en calidad de imputados por un presunto delito de corrupción entre particulares, blanqueo de capitales y delito fiscal.

El magistrado -que mantiene las imputaciones a Arellano y Montero- ha ordenado que comparezcan una vez al mes en las dependencias judiciales y mantiene secreta esta parte del procedimiento relacionado con el supuesto pago de comisiones ilegales al expresidente de Bankia a cambio de contratos con la entidad.

Los dos fueron detenidos por la Guardia Civil el pasado miércoles dentro de la investigación sobre las actividades financieras del exministro, según han confirmado este viernes a RTVE.es fuentes próximas a la investigación. No ha sido hasta este mismo viernes cuando han sido puestos a disposición judicial.

Asimismo, el miércoles se procedió al registro de los domicilios particulares de Arellano, secretaria de toda la vida de Rato, y Montero.

Los arrestos se produjeron por su relación con la trama societaria construida en torno a Kradonara, una empresa del ex director gerente del FMI. Como consecuencia de sus declaraciones, la Guardia Civil citó como imputado a Rodrigo Rato este jueves en la Comandancia en Tres Cantos (Madrid) de la Guardia Civil.

La causa afecta, por el momento, a nueve imputados. Entre ellos se encuentran Arellano, Montero, el abogado Domingo Plaza y el exvicepresidente del Gobierno.

Delito de corrupción entre particulares

Estas dos detenciones se suman a la de otro presunto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, que permanece en prisión preventiva desde el pasado mes de agosto por orden del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en relación con el cobro de comisiones de las empresas proveedoras de publicidad para Bankia, Zenith y Publicis.

Hasta el momento, el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, atribuye a Rato delitos contra la Hacienda Pública y también presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Rato fue detenido el pasado mes de abril aunque sólo permaneció arrestado durante el tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho, unas siete horas. Esta medida se produjo tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid.

La causa recayó en el juez de instrucción número 31 de la capital, Antonio Serrano-Arnal, que ha intentado, desde entonces, inhibirse en dos ocasiones a favor de la Audiencia Nacional sin éxito, ya que el juez del caso Bankia, Fernando Andreu, rechaza asumir esta investigación. Este viernes ha pedido al Supremo que se pronuncie sobre este punto.

El juez Serrano-Artal citó a declarar a Rato el pasado 22 de julio pero el exvicepresidente del Gobierno se negó a contestar a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a que empleó un "complejo entramado societario" para cometer hasta cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Por su parte, el juez Andreu le investiga por la fusión y posterior salida a Bolsa de Bankia y por las tarjetas 'black' utilizadas por los directivos de dicha entidad.

La investigación sobre Portuondo

El instructor de la causa hasta el momento acordó el pasado 20 de febrero mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza por un juez de guardia contra Alberto Portuondo, responsable de la empresa Albisa S.L. y presunto testaferro del exvicepresidente económico Rato.

A Portuondo se le imputan los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares. Hasta el momento de su detención, en el aeropuerto de Barajas cuando iba a viajar a México, su país de residencia, el procedimiento se dirigía únicamente contra Rato y su socio Domingo Plazas, si bien aún se desconoce si la declaración este jueves de Rato ante el Instituto Armado tiene que ver con la causa judicial ya abierta o se corresponde con hechos diferentes.

Según la investigación que existe contra Portuondo, iniciada la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Albisa habría actuado como empresa pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad de Rato, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.

Como resultado de un informe remitido por la ONIF al Juzgado el 21 de julio pasado han surgido nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto blanqueo cometido en el extranjero, resultante de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que el exmandatario ha sido administrador hasta abril de 2015.

Considera la Fiscalía, y el juez Serrano-Artal ha aceptado, que las inversiones en dicha sociedad alemana se habrían llevado a cabo a través de la sociedad KRADONARA, SL, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad, a su vez, de Rato. Añade que los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal.

Por otro lado, Anticorrupción desveló la pasada semana en un informe remitido a la Audiencia Nacional que una sociedad patrimonial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibió entre los años 2006 y 2014 un total de 6,5 millones de euros procedentes del extranjero "cuyo origen se desconoce".

En concreto, la empresa recibió transferencias por valor de 3,04 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la empresa Vivaway Limited, una mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar que posee el accionariado de Kradonara. En las cuentas de esta última también entraron divisas por valor de 3,4 millones en los años 2006, 2007, 2011 y 2014.