El juez del caso Rato pide al Supremo que dirima si es competente él o la Audiencia Nacional

• El TS es el superior jerárquico común del juez de instrucción y de Andreu
• Anticorrupción considera que debe investigar el caso la Audiencia Nacional
• Según el juez, Rato defraudó al fisco por lo cobrado en cursos y conferencias

El exvicepresidente económico, Rodrigo Rato, sale de su casa

El juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha emitido un auto en el que plantea a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que decida si corresponde investigar el caso del exvicepresidente económico Rodrigo Rato a este tribunal madrileño o a la Audiencia Nacional.

El pasado lunes el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó un recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra su decisión previa de no asumir el caso Rato al considerar que los delitos imputados al exvicepresidente no deben recaer en la Audiencia.

En esa resolución, Andreu indicaba que dilucidar cuál es el tribunal competente es una cuestión que debía resolverse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instancia que es el superior jerárquico común del Juzgado 31 de Madrid y de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción considera que el caso debe llevarse en la Audiencia Nacional, puesto que la sociedad Kradonara, de Rato, ha recibido 6,5 millones de euros procedentes del extranjero cuyo origen se desconoce.

El juez del 31 de Madrid ha seguido instruyendo este asunto y, de hecho, este mismo viernes ha dejado en libertad a la secretaria del exministro popular, Teresa Arellano, y al supuesto testaferro del exministro, Miguel Angel Montero, a los que mantiene imputados por delitos de blanqueo de capitales, corrupción de particulares y delito fiscal.

Entramado societario

En 2006, 2007, 2011 y 2014, Kradonara obtuvo directamente a través de distintas transferencias 3,4 millones, a las que hay que sumar otras por valor de 3,047 millones recibidas desde su matriz, la firma Vivaway, de la que es beneficiario último Rato.

A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de la sociedad Red Rose, cuyo domicilio estaría en Bahamas.

Todo ello para que al final Kradonara acabara manteniendo la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, cuya única actividad económica es la explotación de un hotel en Berlín, del que Rato posee un 50%.

Por otra parte, el juez Serrano-Arnal recuerda en su auto que Kradonara ha recibido de la sociedad Albisa, controlada por Alberto Portuondo, en prisión provisional desde mediados de agosto, cerca de 800.000 euros, de los que 450.000 euros han acabado en la firma alemana.

Esta misma sociedad germana ha recibido 100.000 euros de Telefónica y otros 1,05 millones cuyo origen se desconoce, a través de Kradonara y Vivaway.

Además, en su auto, el juez señala que "por parte de la Guardia Civil (UCO) se están realizando investigaciones a la vista de la existencia de indicios de que, por parte de otras empresas controladas por Rodrigo Rato se estén produciendo otros ingresos en Bagerpleta con origen en Vivaway, tales como la financiación de ésta por parte de ARADA SL, a través de los ingresos defraudados a la Hacienda Pública provenientes del pago de asistencias de Rato a diversos congresos y conferencias".

Es decir, una maraña de operaciones cruzadas entre distintas sociedades más allá de España que fue lo que llevó al juez Serrano-Arnal a inhibirse del caso en favor de la Audiencia Nacional.