Enlaces accesibilidad

El juez deja a Rato en libertad, pero le retira su pasaporte y le obliga a comparecer mensualmente en el juzgado

  • El exvicepresidente ha comparecido durante casi tres horas ante el magistrado
  • Ha contestado a todas las preguntas de su abogado, el juez y la Fiscalía
  • Está imputado por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares

Por
El juez retira el pasaporte a Rato, acusado de delito fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares

El juez de Madrid que investiga a Rodrigo Rato por varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno, a quien ha retirado el pasaporte y ha obligado a comparecer una vez al mes en su juzgado, según han informado fuentes jurídicas, que también han señalado que el exdirector gerente del FMI ha respondido a todas las preguntas que le ha formulado su defensa, la Fiscalía Anticorrupción y el juez.

El titular del Juzgado nº 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado a Rato un plazo de cinco días para entregar este documento identificativo y le ha permitido decidir el día del mes en el que comparecerá.

El magistrado ha atendido la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha reclamado como medida cautelar las citadas comparecencias periódicas y la prohibición de abandonar el territorio de la UE. Queda así en la misma situación que su secretaria Teresa Arellano y el supuesto testaferro Miguel Angel Montero, que declararon ante el mismo juez la pasada semana tras permanecer dos días en los calabozos del Instituto Armado.

Rodrigo Rato ha comparecido este martes ante el juez de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, durante casi tres horas como imputado en cinco delitos fiscales, otro de blanqueo de capitales y uno adicional de corrupción entre particulares -este último añadido este martes- por la investigación judicial abierta sobre su patrimonio y el entramado societario que controla.

El ex director gerente del FMI ha llegado a pie, a primera hora de la mañana, a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, tres horas antes de su cita con el magistrado, para evitar a los periodistas. A diferencia de lo que hizo en su primera citación del pasado julio, en esta ocasión el exministro de Economía no ha pedido autorización para entrar por el garaje.

A las puertas del tribunal, se ha congregado una veintena de preferentistas que gritan eslóganes como el de "Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo", mientras muestran pancartas en las que se puede leer "Blesa y Rato a prisión" o "Han saqueado este país".

No declaró en su primera citación

El expresidente de Bankia ya fue citado por este mismo juez el pasado julio, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar porque dijo desconocer muchas de las acusaciones derivadas de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Antifraude (Onif) y la Fiscalía.

Desde esa primera citación, se han conocido nuevas sospechas de la Onif sobre que el exministro de Economía pudo blanquear dinero en el extranjero y, además, el caso ha salpicado a otras ocho personas, entre ellos, algunas de la máxima confianza de Rato, como su secretaria personal, Teresa Arellano, y su gerente y presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.

Ambos están imputados por los mismos delitos que el exvicepresidente -a los que se añade otro de corrupción entre particulares- y ya acudieron a los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado viernes, después de haber sido detenidos por la Guardia Civil, que practicó además registros en sus domicilios para recabar documentación. Tras esas detenciones, Rato también declaró el jueves pasado en la Comandancia de la Guardia Civil durante cuatro horas.

Entre el 7 y el 8 de octubre el Juzgado de Instrucción nº 31 tomará declaración a 16 testigos, ocho en cada una de las jornadas, por esta misma causa. El jueves y viernes de la siguiente semana (días 15 y 16 de octubre) una comisión del Juzgado y Agentes de la UCO procederán al desprecintado y volcado de los depósitos intervenidos en los registros efectuados a Arellano y Montero.

La investigación sobre la empresa Kradonara

El juez continúa avanzando en la investigación, aunque el pasado viernes -después de dejar en libertar a Arellano y Montero e imponerles comparecencias mensuales en el juzgado- dictó un auto en el que solicita al Tribunal Supremo que decida sobre la competencia en este caso que, en su opinión, corresponde a la Audiencia Nacional.

La investigación ha quedado dividida en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiarioúltimo"

a través de la sociedad británica Vivaway, y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.

Esta sociedad de escasa actividad, constituida en 2001, cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, según el juez. A partir de ese punto, comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas: la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en las islas Bahamas.

Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato. Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y, más de la mitad, se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su exmujer, Angeles Alarcó. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.

Bagerpleta encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió, no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios, sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".

El caso Rato estalló el pasado mes de abril, cuando el exvicepresidente del Gobierno popular de José María Aznar fue detenido, si bien su arresto se limitó tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho, unas siete horas. Estas medidas se produjeron tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid en los Juzgados de Instrucción de Madrid.