El TSJ de Cataluña pide a la Generalitat las facturas de los ordenadores usados para la consulta del 9N

• Rigau los cifró en unos 7.000 en su declaración este martes ante el juez
• El instructor quiere saber también qué costó el desarrollo del software
• Este jueves declara como imputado ante el TSJC el presidente Artur Mas

Voluntarios preparando la consulta del 9N en un colegio de Barcelona en una foto de archivo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha solicitado este miércoles a la Generalitat que le remita las facturas de los ordenadores usados en la consulta del 9N así como la documentación sobre las partidas destinadas a desarrollar el software empleado para gestionar las votaciones.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el magistrado que instruye la causa, en la que están imputados el presidente catalán, Artur Mas, la consellera de Enseñanza, Irena Rigau, y la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, ha acordado enviar este nuevo requerimiento al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) después de que la Fiscalía lo pidiera el pasado viernes.

Precisamente, el coste de los ordenadores portátiles que se usaron en los institutos que albergaron las urnas del 9N fue una de las cuestiones por las que fue interrogada este martes la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

Unos 7.000 ordenadores para la consulta

La consellera concretó que para las votaciones del 9N se utilizaron 7.000 equipos informáticos cuya adquisición, según su versión, ya estaba presupuestada con anterioridad para uso de los centros educativos y que, tras la consulta, han acabado a disposición de las escuelas.

Concretamente, el juez pide en su providencia, a que ha tenido a acceso Efe, la documentación relacionada con la factura que el CTTI envió al Departamento de Gobernación de la Generalitat relacionada con la instalación de los ordenadores usados en el 9N.

Esa documentación, precisa el TSJC, "deberá incluir contrataciones, comandas de material, órdenes de trabajo y en definitiva cualquier encargo de bienes o servicios efectuado a proveedores externos, sea en virtud de contrataciones específicas, sea en virtud de acuerdos marco".

El escrito del TSJC reclama también a la Generalitat la documentación relacionada con la compra del material informático del 9N enviada por el Departamento de Enseñanza, "con la inclusión de cualquier encargo efectuado a proveedores externos", así como la relativa al transporte del mismo a los centros de votación.

El juez exige asimismo la "documentación relacionada con cualquier actuación o encargo relativos a la instalación de aplicaciones informáticas en ordenadores".

El juez ya pidió detalles sobre el coste de la organización

El pasado mes de junio, a instancias de la Fiscalía, el TSJC ya requirió a la Generalitat documentación relativa al coste de la organización del 9N, lo que incluía el precio de adquisición de los ordenadores empleados en la votación, y ha citado a declarar para el próximo lunes al técnico informático que coordinó materialmente los servicios prestados por el CTTI en la consulta.

En esa ocasión, el ministerio público pedía que la Generalitat aportara toda la "instrucción, orden interna, circular, protocolo técnico o documento de cualquier tipo" referido a la gestión informática del 9N, aunque por el momento no se ha facilitado el expediente completo relativo a los equipos informáticos empleados en la consulta.

Declaraciones de Ortega y Rigau

En su declaración de este martes ante el juez del TSJC, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau alegaron que desde que el 4 de noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional suspendió la consulta alternativa, la Generalitat paralizó todas las instrucciones relativas al 9N, que de esa forma quedó exclusivamente en manos de voluntarios.

De hecho, cuando admitió a trámite la querella por el 9N, el TSJC precisó que en principio se centraría en investigar las resoluciones que adoptó el gobierno catalán entre los días 4 y 9 de noviembre, una vez la consulta alternativa había sido suspendida.

Con el requerimiento de la documentación relativa a hechos tan concretos como el transporte de los ordenadores a las escuelas que acogieron las urnas del 9N, la justicia pretende averiguar si una vez suspendida la consulta el gobierno catalán continuó gestionando la votación.

Este jueves acudirá a declarar como imputado el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, por un presunto delito de desobediencia en relación con la consulta del 9N. La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han asegurado que reunirán a 400 alcaldes para apoyarle.