La directora que no abrió el instituto el 9N declara que la "presionaron" desde la consellería de Enseñanza

• La directora de un instituto declara como testigo en la causa por el 9N
• Asegura que recibió varias llamadas del Departamento de Enseñanza
• Varios testigos señalan que la Generalitat siguió implicada tras la suspensión
• El operativo para la prensa costó 140.000 euros, según la empresa responsable

La directora que no abrió su instituto el 9N declara que la "presionaron" desde la Generalitat

La directora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, Dolores Agenjo, ha asegurado este lunes en su declaración como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la causa por la consulta del 9N suspendida por el Tribunal Constitucional, que las vísperas de que se celebrara recibió varias llamadas del Departamento de Enseñanza en que la "presionaron" para que entregara las llaves de su centro de forma que acogiera las urnas de la consulta.

La directora ha asegurado ante el juez que, semanas antes de la consulta alternativa, asistió a una reunión con responsables de Educación en que se le dieron "instrucciones" para que entregara las llaves, lo que ella interpretó como un presión porque de negarse podría acarrear consecuencias negativas para su carrera profesional.

En una declaración como testigo de apenas una hora ante el magistrado, Dolores Agenjo ha relatado al magistrado Joan Manuel Abril que recibió varias llamadas de la directora de los servicios territoriales de la Generalitat, Montse Llovet, para que entregase las llaves, pero ella se negó a hacerlo hasta que le enviasen una orden por escrito porque el Tribunal Constitucional (TC) había declarado la consulta anticonstitucional.

Según ha explicado ella misma a los medios a su salida a las puertas del Palau de Justícia, Agenjo recibió "hasta cinco" llamadas de Llovet entre el 6 y el 7 de noviembre, ya después del pronunciamiento del TC, que ella interpreta como presiones para entregar las llaves.

Recibió correos cuando se negó a entregar las llaves

La testigo ha añadido que, a raíz de su negativa a entregar las llaves del instituto para que se instalaran las urnas, recibió correos electrónicos amenazantes, según ella, sin que se haya sentido apoyada por el Departamento de Enseñanza, aunque también ha precisado que no se las comunicó a la ningún responsable de la Generalitat.

La directora se negó a entregar las llaves del centro, que estaba previsto que acogiera uno de los puntos de participación, lo que obligó a trasladar el espacio de votación a la Escuela Sant Jaume del barrio de La Torrassa.

Agenjo, que ya está jubilada, formó parte de la candidatura de C's en las elecciones catalanas del 27 de septiembre: "Me llamaron el 30 de julio por si quería formar parte", según ha explicado a los medios.

La entonces directora ha sido la primera de los cinco testigos citados para declarar este lunes en la causa en la que el TSJC mantiene imputados al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas; a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, por presunta desobediencia.

Antes de conocerse el contenido de la declaración de la directora de instituto que no abrió el centro, la conseller de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, imputada en la causa, ha considerado en una entrevista en TV3 que en este caso no había un problema con la Consellería de Enseñanza sino "una discrepancia profunda con la propuesta que hacía el presidente de la Generalitat".

Varios testigos admiten que la Generalitat siguió implicada tras la suspensión

Al margen de la directora, varios testigos que han declarado ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9N han admitido que el Gobierno catalán siguió implicado en la organización de la consulta después del 4 de noviembre, en que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Ante el juez que investiga la causa del 9N han declarado como testigos Joan Cañada, asesor en materia de opinión del Departamento de Gobernación que dirigió la organización de la consulta; Elisabet Abad, directora del CIRE que encargó a los presos la confección de urnas y papeletas, y el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Escalé.

Los cargos de la Generalitat han reconocido que, tras el 4 de noviembre, la administración catalana siguió implicada en la organización de la consulta, aunque fuera de forma indirecta. Han argumentado, no obstante, que cuando el TC notificó la suspensión era muy difícil detener el engranaje del proceso, que en muchos casos estaba en manos de las empresas que habían firmado convenios con la Generalitat, según han informado fuentes judiciales.

Precisamente, el TSJC centra su investigación en determinar si el Gobierno catalán llevó a cabo actos para organizar la consulta después de su suspensión por el Constitucional, lo que en opinión de las acusaciones podría constituir un delito de desobediencia.

De hecho, una de las líneas de defensa del presidente de la Generalitat, Artur Mas, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta Joana Ortega es que la Generalitat paralizó todos los actos administrativos encaminados a organizar la consulta cuando fue suspendida, por lo que el proceso quedó enteramente en manos de voluntarios.

Las urnas ya estaban confeccionadas el 30 de octubre

Por el contrario, Elisabet Abab, la directora del CIRE, entidad para la reinserción de presos que depende del Departamento de Justicia, ha afirmado que las urnas y papeletas para el 9N estaban confeccionadas ya el 30 de octubre y que los días siguientes -incluidos los posteriores al 4 de noviembre- fueron transportadas a los centros de votación por las empresas logísticas que, antes de la suspensión, habían firmado los correspondientes convenios con la Generalitat.

También el director del CTTI, Jordi Escalé, que asumió la organización informática de la consulta, ha admitido que el software que se utilizó para la votación se acabó de instalar el 4 de noviembre en los ordenadores que se transportaron a las escuelas.

El transporte de esos ordenadores, como en el caso de las urnas, fue efectuado en los días posteriores por las empresas que habían sido homologadas por la Generalitat a tal efecto, sin que, según el testigo, el Gobierno catalán tuviera margen para impedir esas gestiones después del 4 de noviembre porque ya estaba en manos de las compañías colaboradoras.

Jordi Escalé ha admitido que, a lo largo de la jornada de la consulta, estuvo al frente del dispositivo informático del 9N, pero ha precisado que lo hizo para proteger los servidores de la Generalitat de los ataques informáticos que se produjeron tanto el día de la votación como su víspera.

El director del CTTI ha explicado también que el personal de la entidad que trabajó en la jornada del 9N lo hizo en calidad de voluntariado, han apuntado fuentes judiciales.

El centro de prensa costó 140.000 euros

También ha declarado el administrador de la empresa Serveis de l'Espectacle Focus, Daniel Fernández, que ha explicado al tribunal que el coste del operativo del centro de prensa que se organizó en el recinto ferial de Montjuïc fue de 140.000 euros.

Según fuentes judiciales, Fernández ha explicado que este trabajo no se pagó a parte, sino que estaba incluido en un contrato global que la empresa tiene suscrito con Presidencia de la Generalitat, por el que se encargan de asumir la organización de sus actos durante todo el año hasta llegar a un importe máximo total de 500.000 euros.

Fuentes judiciales han explicado que, pese a que el centro de prensa ya costó 140.000 euros, en todo el año y sumando todos los actos de Presidencia no alcanzaron el tope de 500.000 euros.