Justicia rechaza aplazar la entrada en vigor de la ley que limitará la instrucción, como piden los fiscales

• Catalá se ha reunido con el Consejo Fiscal, que ha pedido su aplazamiento
• La fiscal general del Estado manifiesta en cambio su compromiso con la ley
• Los fiscales deberán revisar 370.000 causas en los primeros meses
• La Ley de Enjuiciamiento limitará la investigación a 6 y 18 meses ampliables

Alegoría de la Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no suspenderá la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista a partir del 6 de diciembre, como piden los fiscales. La nueva norma limitará el tiempo de instrucción a seis meses en el caso de causas sencillas y a 18 meses en el caso de las complejas, aunque sean plazos prorrogables a petición del Ministerio Público.

Catalá ha trasladado la negativa del Gobierno en una reunión de más de dos horas con los vocales del Consejo Fiscal, a los que ha prometido a cambio más medios humanos y materiales para la puesta en marcha del nuevo sistema. Una promesa que los fiscales ven insuficiente.

Las tres asociaciones de la carrera fiscal y tres de las cuatro judiciales han criticado la reforma, que han tachado de "una auténtica ley de punto final". También ha expresado sus dudas el Consejo General de la Abogacía.

Jueces y fiscales critican que se ponga límite temporal a las investigaciones por el riesgo de impunidad, pero también el "absurdo" que en su opinión supone que la instrucción la dirija un juez pero sea el fiscal el responsable de pedir o no la prórroga de la misma.

El ministro cree que "no es lo más adecuado y conveniente" suspender la entrada en vigor del artículo 324, que es el que fija los plazos de instrucción, y se ha comprometido a poner en marcha un nuevo sistema de gestión procesal que mejore la coordinación de los fiscales con los juzgados de instrucción, con un sistema de avisos cuando se vayan cumpliendo los plazos, una instrucción para que los secretarios judiciales les notifiquen las causas y, sobre todo, un plan de refuerzo de los nuevos fiscales.

Los fiscales deberán revisar 370.000 causas abiertas

No obstante, Rafael Catalá ha reconocido que puede haber una sobrecarga de trabajo, según señala Efe, ya que en los primeros seis meses los fiscales deberán revisar 370.000 diligencias pendientes para determinar si son sencillas o complejas.

"Si en el futuro comprobamos que lo que hoy consideramos suficiente no lo es, hipotéticamente podría plantearse una suspensión de plazos pero no ahora", ha precisado el titular de Justicia.

En cuanto a la preocupación y dudas de los fiscales porque algunos delitos puedan quedar impunes cuando finalice el plazo de la instrucción, Catalá ha subrayado: "Está clarísimo en la ley que ninguna causa se archivará como consecuencia del transcurso de los plazos".

El Consejo Fiscal consideran insuficientes las propuestas de Catalá

Los vocales electos del Consejo Fiscal -nueve de los 12 que integran este órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado- no se han quedado satisfechos con las propuestas de Catalá e insisten en un aplazamiento en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Estos vocales, pertenecientes a la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, de muy diferente sensibilidad política, señalan en la nota que "las medidas propuestas no alcanzan a colmar la demanda de los fiscales y que solo la prórroga de la entrada en vigor podría resultar satisfactoria".

Los fiscales lamentan que "una propuesta razonada, ponderada y basada exclusivamente en criterios técnicos no haya sido tomada en consideración por el señor ministro de Justicia".

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha señalado, por su parte, su "profunda decepción" por el resultado del encuentro mantenido por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con los miembros del Consejo Fiscal, al entender que ha puesto de manifiesto la "incapacidad absoluta" del Gobierno "para escuchar y atender el clamor generalizado de todos los operadores jurídicos en contra de la entrada en vigor de la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)".

En esta misma dirección, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha advertidode la "difícil aplicabilidad" de los plazos y ha trasladado su "escepticismo" ante la efectividad procesal que pudiera tener la reforma. "El sistema de plazos máximos en fase de investigación pierde su sentido si no se atribuye a la Fiscalía la instrucción de los procesos", insiste el sindicato en un comunicado.

La Fiscalía General del Estado expresa su compromiso con la LECrim

Por su parte, la Fiscalía General del Estado que dirige Consuelo Madrigal ha expresado este martes el compromiso de los fiscales en el cumplimiento de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y en la consecución de sus objetivos últimos de agilización y eficacia del sistema de justicia penal.

En el encuentro celebrado este martes, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha trasladado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, la necesidad de medios personales y tecnológicos para minimizar el impacto de la entrada en vigor de la norma y mantener en el tiempo sus objetivos de agilidad y eficacia, según ha informado la Fiscalía General del Estado.