Los 17 presidentes del TSJ defienden la independencia judicial ante presiones en Cataluña

• Los jueces defienden que la independencia es una garantia y no un derecho
• Firman un documento conjunto en una reunión con Rafael Catalá

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Los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España consideran que "cualquier actuación en detrimento de la independencia judicial supone un ataque al Estado de Derecho" y que respetarla "es obligación de todos y, muy especialmente, de los poderes públicos".

En una declaración institucional acordada por unanimidad en la reunión anual que los presidentes de los TSJ han celebrado en Bilbao, los magistrados han defendido la independencia judicial ante las "presiones soportadas en estos días por los magistrados" del alto tribunal de Cataluña.

Así, han expresado su convencimiento de que ese principio "constituye una garantía en exclusivo beneficio de las personas que ejercen el derecho a la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos".

"En estos días es conveniente recordar que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino una garantía para los ciudadanos" y que "estos esperan que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se realice en un marco de independencia y que los jueces actúen con imparcialidad, eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho fundamental a la tutela judicial", han indicado.

Catalá insiste en pedir respeto para los tribunales

Los presidentes de TSJ han rubricado así una declaración que se ha sumado a las conclusiones presentadas en el acto de clausura de su encuentro anual, que ha estado presidido por el ministro de Justicia,  Rafael Catalá.

El ministro ha respondido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, quién ha asegurado sentirse "objeto de caza mayor" a raíz de la investigación que hoy ha comportado el registro de la sede de CDC y la detención de su tesorero, Andreu Viloca.

Catalá ha vuelto a pedir a las instituciones catalanas respeto a la independencia judicial y ha opinado que actuaciones como el registro de la sede de CDC, son la garantía del buen funcionamiento del Estado de Derecho.

Por otra parte, el ministro ha afirmado que las reformas legales puestas en marcha por el Gobierno para mejorar la Administración de Justicia deben consolidarse y pueden mejorarse con la colaboración de todos agentes implicados en la Administración de Justicia.