Amnistía Internacional denuncia la pasividad del Estado mexicano ante la tortura

• La tortura y los malos tratos son un método común entre las fuerzas de seguridad
• Según AI, el Estado no investiga ni castiga de forma suficiente estas prácticas
• Las denuncias se han duplicado de 2013 a 2014: de 1.165 a 2.403

Un miembro de Amnistía Internacional con el rostro cubierto protesta el pasado junio contra la tortura en Ciudad de México.

Amnistía Internacional vuelve a denunciar la tortura en México. Un año después de su último informe, la organización pide nuevamente a las autoridades federales que actúen para revertir la marea de impunidad instalada en las fuerzas de seguridad, que utilizan, según la ONG, los malos tratos de forma habitual.

La situación ha empeorado, asegura Amnistía en su informe a nivel federal Promesas sobre el papel, impunidad diaria: la epidemia de la tortura en México continúa, ya que las denuncias han ido en aumento. De 2013 a 2014 se han duplicado: de 1.165 a 2.403. Sin embargo, no se registra ningún incremento de cargos presentados o condenas dictadas.

Otras fuentes, recogidas en el texto, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, calcula que en México en 2014 hubo al menos 10.400 denuncias de tortura y malos tratos.

El objetivo de este documento es denunciar que México no ha cumplido sus promesas y que estos métodos siguen utilizándose para extraer confesiones, fabricar cargos y causar sufrimiento a los ciudadanos. A pesar de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto anunció medidas políticas y legislativas para poner fin a la situación, todavía no hay resultados.

"Las promesas sobre el papel no bastan", señala la organización, que pide acciones efectivas para proteger a las personas -prevenir-, castigar a los culpables y resarcir a las víctimas.

Ni se investiga ni se castiga

Uno de los principales problemas que detecta Amnistía Internacional es que la Procuraduría General de la República -la Fiscalía mexicana- apenas presenta cargos contra los sospechosos, pese haberse denunciado las torturas. Además, y dado que las autoridades no hacen un seguimiento de los casos, resulta casi imposible reunir pruebas suficientes para llevar antes los tribunales a los responsables.

No hay legislación que obligue a actuar, con lo que en muchas ocasiones, los agentes implicados siguen en sus puestos y el ministerio público ni siquiera analiza las pruebas más básicas.

La organización también señala que los medicos y expertos forenses no documentan de forma adecuada las señales de tortura o malos tratos. Por una parte, no siguen las normas internacionales y por otra, denuncia la ONG, son parciales y encubren a sus compañeros.

La imparcialidad de los agentes públicos es otro de los factores que se cuestiona en el informe. El texto recoge que está extendida la creencia de que las denuncias de tortura son una "herramienta" que utilizan los abogados defensores para tratar de exculpar a sus clientes. La organización se muestra preocupada, a pesar de que no puede demostrar la veracidad de todas las declaraciones, por si este tipo de "anécdotas vagas" pueden desmotivar los procedimientos.

Asimismo, el documento asegura que muchos encarcelados aseguran haber recibido malos tratos y no denunciarlos por temor a represalias.

El Estado no indaga y no castiga este tipo de prácticas (de los 2403 denuncias, solo se están investigando 1622) . Y además, los registros oficiales que abordan el asunto son "inexactos, contradictorios e incompletos". La Procuraduría no puede determinar si esas denuncias son de exactamente de 2014 o de años anteriores; y no es capaz de desglosar la información por género o edad, informa la ONG.

La Ley General contra la Tortura

A pesar de las múltiples carencias e ineficiencias que la organización detecta, también celebra que el Gobierno mexicano esté preparando una Ley General contra la Tortura, prometida por el presidente Peña Nieto. Amnistía espera que en ella se aborden cuestiones estructurales.

De este modo, solicita en el informe que se recojan en la nueva legislación obligaciones específicas: seguimiento inmediato de los casos, plazos determinados para agentes y jueces, el deber de recopilar diferentes pruebas y testimonios, independencia de las autoridades... En definitiva, una investigación exhaustiva.