Urdangarin pide permiso al juez Castro para vender dos pisos en Palma

• Son propiedad de Aizoon, que comparte al 50% con la infanta Cristina
• Cobraría 250.000 euros, de los que más de 200.000 irián a las hipotecas
• Casi 27.000 euros irían al juzgado para cubrir parte de la fianza

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en una imagen de archivo

Iñaki Urdangarin ha pedido permiso al juez del caso Nóos, José Castro, para vender por 250.000 euros dos pisos en Palma, con las correspondientes plazas de garaje y trasteros, que son propiedad de Aizoon, la empresa que comparte al 50 % con la infanta Cristina.

La defensa del marido de doña Cristina ha comunicado al juzgado de instrucción 3 de Palma, que tiene embargado todo el patrimonio de Aizoon para cubrir la fianza de 13,6 millones de euros que pesa sobre él, que tiene una oferta por los pisos, ubicados junto al Paseo Marítimo de la capital balear.

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, expone que de los 250.000 euros que cobraría su cliente si se autoriza la operación habría que detraer 14.500 euros para el intermediario y 200.550 para saldar las hipotecas que pesan sobre las viviendas, los trasteros y los aparcamientos.

A ello se añadiría el pago del impuesto municipal sobre la plusvalía, por un total de 6.048 euros, y el abono de las últimas cuotas mensuales de las hipotecas, próximas ambas a los 1.000 euros.

Más de 26.000 euros se aportarían al juzgado

"La cifra total neta y final de la operación de compraventa sería de 26.963,35 euros", resume el letrado, que asegura que esa cantidad sería aportada al juzgado de instrucción dado el embargo que pesa sobre todas las propiedades de la sociedad conjunta de Urdangarin y la infanta Cristina.

El defensor agrega que los pisos de Palma, junto con otro en Terrassa (Barcelona) que también está a la venta, son todos los bienes de que dispone Urdangarin, que ya vendió el chalé del barrio barcelonés de Pedralbes que fue la vivienda familiar del matrimonio.

La oferta de compra por los inmuebles de Aizoon en la capital balear, formalizada en una carta de intenciones con fecha del 16 de octubre, tiene una vigencia de dos meses.

El marido de la infanta Cristina está acusado de los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, contra Hacienda y blanqueo de capitales por utilizar presuntamente el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid.

La Fiscalía pide para él una condena de 19 años y medio de reclusión y Manos Limpias solicita 26 años y medio.

Está previsto que el juicio, en el que también se sentará inicialmente en el banquillo la hermana del Rey, comience el 11 de enero del año próximo.