El juez requiere al Govern el coste de la consulta del 9N y si cedió datos del censo

• Son requerimientos de la Fiscalía para esclarecer el papel del Ejecutivo catalán
• También pide información a las diversas empresas contratadas por la Generalitat

Voluntarios preparando la consulta del 9N en un colegio de Barcelona en una foto de archivo

El juez que investiga la causa de la consulta del 9N ha requerido al departamento de Economía del Govern que certifique el coste de la consulta, desglosando sus partidas presupuestarias, y ha preguntado al Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) si cedió datos del registro de población de Cataluña para la votación.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado Joan Manel Abril ha acordado esas diligencias de oficio, además de otra media docena, en su mayoría requerimientos de documentos, que fueron solicitadas por la Fiscalía en relación con la consulta.

Con esas nuevas diligencias, el juez pretende averiguar qué grado de implicación tuvo la Generalitat con la consulta del 9N, desde que el 4 de noviembre fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

En su declaración de la semana pasada ante el juez, el presidente catalán en funciones, Artur Mas, la consellera de Enseñanza también en funciones, Irene Rigau, y la exvicepresidenta, Joana Ortega, argumentaron que la Generalitat dejó de organizar el 9N una vez suspendida la consulta, de forma que su ejecución quedó enteramente en manos de voluntarios.

Detalle de los pasos administrativos del 9N

En esta nueva batería de diligencias, el TSJC dirige un requerimiento al conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, en que le reclama que "certifique el coste que comportó el proceso participativo del 9N, con indicación de los diferentes conceptos y partidas presupuestarias a que se asignaron los gastos".

Al Idescat, cuya información se utilizó para la consulta del 9N, el juez le ha preguntado si facilitó los datos del registro de la población de Cataluña y, en su caso, le pide que le remita una copia del acuerdo o convenio con que se instrumentalizó esa cesión.

De las diligencias instadas por la Fiscalía, el magistrado ha pedido al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, que gestionó el apoyo informático del 9N, que le remita toda la documentación relacionada con los encargos realizados con motivo de la consulta.

Responsables de coordinar los trabajos

El magistrado ha reclamado también a las distintas empresas a las que la Generalitat contrató para organizar el 9N que detallen quién era el responsable de coordinar los trabajos encomendados y qué empleados prestaron "servicios operativos" relacionados con la consulta durante la jornada de votación.

Concretamente, la Fiscalía quiere disponer de la documentación sobre la instalación de los programas informáticos en los ordenadores portátiles que se utilizaron en los centros de votación, así como las contrataciones relativas a la página web participa2014.cat, que informaba de la consulta.

Los querellados adujeron ante el juez que la Generalitat no desactivó esa página tras la suspensión de la consulta debido a su complejidad técnica, dado que estaba alojada en distintos servidores en el extranjero para evitar ataques informáticos.

A la directora del Centro de Iniciativas a la Reinserción (CIRE), que encargó a presos de Lleida la confección de las urnas y papeletas del 9N, el TSJC le ha solicitado también que identifique a la empresa de logística encargada de la recogida y distribución del material, así como el listado de los puntos de entrega facilitado por el Departamento de Gobernación.

Información de empresas informáticas y de telecomunicaciones

Otra de las diligencias acordadas por el juez, a petición del ministerio público, va dirigida a la empresa Fujitsu, a la que exige la documentación relativa a la instalación de los programas informáticos en los ordenadores usados para la votación, que cargos del Govern aseguraron el pasado lunes que finalizó el mismo día 4 de noviembre.

Asimismo, el magistrado requiere a Focus, empresa que cobró 144.244 euros por montar el centro de prensa del 9N, toda la documentación mercantil relacionada con el encargo, incluyendo las posibles subcontrataciones y las "órdenes de trabajo", así como que identifique al empleado de la empresa que coordinó el proyecto.

El TSJC ha dirigido otros dos oficios a Telefónica, a quien pide la documentación relacionada con la compra de 7.000 ordenadores portátiles por parte del CTTI -que, según Enseñanza, tras el 9N han quedado a disposición de las escuelas-, y a Hewlett Packard sobre todos los encargos que recibió en relación con el apoyo informático del 9N, además de identificar al responsable de coordinar la instalación de software vinculado con la consulta y de otros servicios.