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La Eurocámara pide a la Comisión y a los países controles exhaustivos de las emisiones de coches

  • Los eurodiputados piden "medidas concretas" y sanciones en caso de fraude
  • También abogan por una autoridad de control en el ámbito comunitario
  • Dejan claro que los trabajadores no deben sufrir las consecuencias

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Planta de Volkswagen en Wolfsburgo
Planta de Volkswagen en Wolfsburgo.

El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado una resolución en la que pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten "medidas concretas" para controlar la medición de las emisiones en el sector del automóvil y aboga por efectuar "controles exhaustivos" en este sentido.

La Eurocámara sacó adelante, por 493 votos a favor, 145 en contra y 25 abstenciones, una propuesta de resolución que propone varias medidas a raíz del escándalo de Volkswagen y solicita al ejecutivo comunitario que elabore un informe sobre la situación antes del 31 de marzo de 2016.

En el texto, el pleno apoyó el llamamiento de la Comisión para que las autoridades nacionales "efectúen controles exhaustivos de una gran variedad de marcas y modelos de vehículos" y la posibilidad de aplicar "las sanciones apropiadas" en caso de descubrir dispositivos para enmascarar las emisiones.

Una autoridad de control comunitario

Entre las medidas destacadas, el pleno aboga por que se considere la instauración de una autoridad de control a nivel comunitario para detectar incumplimientos de los límites de emisiones.

La Eurocámara pide, asimismo, que en el nuevo ciclo de pruebas de emisiones en condiciones reales de conducción no mida solo las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), sino todos los contaminantes.

Los eurodiputados plantean además que estas manipulaciones no deben tener incidencia en el empleo y que "los trabajadores no deben ser quienes paguen en última instancia el precio de las manipulaciones en la medición de emisiones".

"Antes de considerar la posibilidad de despidos, los fabricantes deben recurrir a los beneficios y los dividendos para cubrir los costes derivados de la violación de la legislación", plantean.