"Cuando se cansaron de golpearme y darme descargas... empezó lo peor"

• Claudia Medina ha denunciado al gobierno mexicano por tortura y malos tratos
• Las denuncias por tortura a manos de funcionarios han aumentado un 600%
• RTVE.es habla con ella y con su abogado, defensor también de los 43 de Iguala
• "El caso de Claudia no es casual ni aislado; la impunidad en México es total"

Claudia Medina, víctima de tortura a manos del gobierno de México, rompe el silencio

“Me sientan en una silla metálica, me atan los brazos, me ponen un trapo en la boca, y me conectan cables de electricidad en los dedos de los pies. Entonces me echan un cubeta de agua por encima y salsa picante en las fosas nasales. Conectan la música y empiezan las descargas eléctricas”.

Claudia Medina recuerda en presente. Como si le acabaran de retirar las sogas o de escupirle el último insulto. Habla con voz pausada, envalentonada de tanta lucha, sin querer olvidar ningún detalle. Esta mexicana es una de las 7.000 personas que se ha atrevido a denunciar malos tratos por parte de funcionarios del gobierno. La tortura es ilegal en México , mientras que tan sólo siete torturadores han sido condenados a nivel federal. Las cuentas no cuadran.

Torturada, violada y olvidada

Eran las 3 de la madrugada cuando soldados de la Marina pusieron patas arriba la casa y la vida de Claudia. “Me vendaron los ojos, me hicieron caminar descalza por encima de los cristales que habían roto, me empujaron por las escaleras y, medio desnuda, me metieron en una furgoneta junto a mi marido sin explicarnos por qué nos detenían”, cuenta a RTVE.es. Hoy, tres años después, sigue haciéndose la misma pregunta.

Claudia no pudo identificar a sus captores porque siempre tuvo los ojos vendados. Sí pudo ver los uniformes y reconocer el lugar al que la trasladaron como el edificio de la Marina, en Veracruz. A las descargas eléctricas, relata, le siguieron las agresiones sexuales, los golpes y las patadas. "Ellos me trataban como si fuera jefa de un cártel, pero yo les explicaba que no tenía nada que ver con eso. Trabajaba en una empresa de productos naturistas pero no me escuchaban (...) Me dejaron expuesta al sol toda la tarde sentada en una silla, sentí cómo la piel se me desgarraba. También me obligaron a comer comida descompuesta”, recuerda.

“De ahí me llevaron a las instalaciones del Ministerio Público. Me advirtieron de que si hablaba de lo que me habían hecho, me volverían a sacar para hacerme lo mismo o se lo harían a mis hijos. Entré en pánico”, dice. Allí, Claudia prestó declaración firmó el informe sin leerlo, amenazada, asegura, por un policía naval. Pasó 23 días -“aunque para mí fueron 23 años”-recluida en la cárcel femenina estatal de Zacatecas acusada de pertenecer a una banda criminal violenta.

Luis Tapia y Claudia Medina confían en que se haga justicia y piden a la comunidad internacional que condenen las violaciones de derechos humanos en México. AI

“Me sobró tiempo para ver que el 99% de las mujeres que se encuentran en reclusión son torturadas tanto física como sexualmente para inculparlas de un delito”, asegura. Y ese es uno de los motivos que la llevaron a emprender una lucha nacional e internacional contra la tortura en México. Su caso se ha conocido en 117 países y se han recabado más de 340.000 firmas exigiendo justicia al gobierno mexicano.

En febrero de este año fue exonerada de todo delito, pero su denuncia por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue sin ser resuelta, pese a las pruebas, los testigos y los dictámenes favorables del Protocolo de Estambul, una norma reconocida por la ONU para documentar pruebas médicas de tortura. Su esposo aún sigue en prisión y ella y sus hijos se han mudado de ciudad.

El 64 % de los mexicanos tienen miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia, según una reciente encuesta encargada por Amnistía Internacional. La ONG acaba de publicar el informe Promesas sobre el papel, impunidad diaria: la epidemia de la tortura en México continúa, en el que denuncia la pasividad del Estado para frenar e investigar la tortura.

El tercer peritaje de los 43 de Iguala

“El caso de Claudia no es casual ni aislado. Hay una impunidad en México prácticamente absoluta frente a casos graves de violaciones de derechos humanos”, subraya su abogado, Luis Tapia, quien también defiende a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Cientos de mexicanos han vuelto a pedir una investigación indepedendiente sobre el caso de los 43 jóvenes de Iguala, 13 meses después de su desaparición. CARLOS JASSO

El caso de la desaparición de los jóvenes de Iguala ha conmocionado a la opinión pública internacional y ha despertado a la sociedad mexicana para exigir al gobierno una investigación seria y hasta las últimas consecuencias. Este es el principal reto del gobernador del estado de Guerrero, que precisamente se ha estrenado este martes en el cargo.

La fiscalía concluyó en enero pasado que los alumnos fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero hasta desaparecer su rastro. El grupo de expertos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó, en cambio, que dichas explicaciones eran inconsistentes dadas las evidencias, entre ellas que los jóvenes no iban armados, y apuntó a la presencia de droga oculta en uno de los autobuses ocupados por los estudiantes para trasladarse como posible móvil de la agresión.

Hay encargado un tercer peritaje que debería comenzar en los próximos días para arrojar algo de luz ante las versiones encontradas. Además, la CIDH anunció esta semana que el grupo designado para investigar la desaparición de 43 estudiantes continuará trabajando en el caso hasta el 30 de abril de 2016, con posibilidad de renovar el mandato ante las "deficiencias y problemas" en la actual investigación.

Tapia no duda en calificar lo courrido de crimen de Estado. “Hay responsabilidad del gobierno municipal, local y federal a varios niveles. La Procuraduría de la República ha vendido una historia que es mentira y eso tiene que ser juzgado y sancionado. Un año después no sabemos lo que pasó la madrugada del 26 al 27 de septiembre en Iguala”, asegura a RTVE.es. Pero no parará hasta averiguarlo.

Hay 26.000 personas desaparecidas en México. El 40% de los casos no ha sido investigado.