La Fiscalía pedirá prisión para el exdirector de la obra pública catalana tras el hallazgo de los 80.000 euros

• Rosell no confirmó ante el juez si el dinero, hallado en una caja fuerte, era suyo
• La Fiscalía rechaza por el momento la excarcelación del actual tesorero de CDC

El exdirector de obra pública catalana, Josep Antoni Rosell, llega a los juzgados de El Vendrell (Tarragona).

La Fiscalía volverá a pedir prisión para el exdirector de Infraestructuras de la Generalitat Josep Antoni Rosell, imputado en el denominado caso del 3%, después de que se encontraran 80.000 euros en metálico en una caja fuerte que se le atribuye, al tiempo que ha rechazado excarcelar por el momento al tesorero de CDC, Andreu Viloca.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, esta es la pretensión de Anticorrupción tras el hallazgo del dinero en la caja de caudales que se abrió la semana pasada ante el juez de El Vendrell instructor del caso de las presuntas comisiones pagadas por empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones públicas.

En esa caja fuerte también se encontró diversa documentación, lo mismo que en siete maletines que se abrieron en presencia del juez y las partes, unos papeles que está analizando la Guardia Civil.

La existencia de esa caja fuerte es uno de los motivos que llevaron a la Fiscalía a pedir al juez que ordenara el ingreso en prisión sin fianza de Rosell, al entender que era una muestra de su intención de destruir pruebas incriminatorias, pero el magistrado instructor descartó la petición de la Fiscalía y lo dejó en libertad con cargos.

Anticorrupción percibe riesgo de destrucción de pruebas

En el caso de Viloca, el juez sí decretó su entrada en prisión por riesgo de destrucción de pruebas y luego su defensa recurrió esta medida y pidió su excarcelación.

Sin embargo, Anticorrupción se ha opuesto este lunes en un escrito a que se le excarcele, puesto que cree que aún puede tener en su poder medios probatorios y existe el riesgo de que los destruya.

Tras el registro hace unos días de la sede de CDC, de la empresa pública Infraestructures.cat que dirigía Rosell, así como de los domicilios de este último y de Viloca, de las sedes de seis empresas y de dos ayuntamientos, la Guardia Civil tiene que analizar ahora toda la información incautada.

Los agentes también entraron en la casa en Las Rozas (Madrid) de Sergio Lerma, directivo de Oproler -una de las seis empresas registradas que supuestamente pagaron comisiones a CDC-, donde se encontraron 234.000 euros en metálico.

Ahora, los investigadores se plantean pedir información a otros países, mediante comisiones rogatorias, para intentar descubrir si los implicados en este caso pudieron haber blanqueado dinero.

También esperan que, como ocurrió en otros casos como Gürtel, sean las autoridades de esos países las que informen a la justicia española de si alguno de los imputados -especialmente Viloca y Rosell- tienen capitales fuera de España.

Los investigadores sospechan de más empresas

Aunque no se prevén nuevas detenciones por este caso, los investigadores sospechan que más empresas pagaron comisiones a CDC, unas "mordidas" que no tenían por qué ajustarse a un 3 por ciento de la obra pública que recibían a cambio, sino que fluctuaban.

En el caso de estas nuevas empresas, no planean efectuar más registros sino más bien requerimientos de información, ya que se trataría en principio de contratos de menor cuantía que los analizados hasta ahora.

Un juzgado de El Vendrell (Tarragona) investiga estas presuntas comisiones al partido que fundó el expresidente catalán Jordi Pujol, aunque por el momento no se han encontrado conexiones entre la fortuna encontrada a la familia Pujol en Andorra y estos pagos de empresarios.

En esta causa se apunta a una posible financiación irregular del partido nacionalista, por lo que la Fiscalía descarta unir la investigación a los casos que llevan un magistrado de la Audiencia Nacional y una juez de Barcelona sobre el origen del dinero de los Pujol.

Sí podría darse el caso, según las mismas fuentes, de que la investigación a CDC acabe en la Audiencia Nacional, aunque solo si hay indicios de blanqueo de dinero en el extranjero, pero en este caso se instruiría como causa separada de la que indaga a la familia Pujol.

Rosell no asistió el pasado jueves 29 de octubre al registro de los maletines que los investigadores le atribuyen en el marco del caso del 3% aunque sí lo hizo uno de sus abogados, Jordi Ventura. Ese mismo día la Generalitat le apartó de sus funciones como responsable de Infraestructures.cat.