La juez pospone la declaración de Camps por la Fórmula 1 pero le mantiene imputado

• El expresidente de Valencia pide que se traduzcan antes varios documentos
• La Fiscalía se muestra de acuerdo y pide que declaren nuevos testigos
• La juez investiga a Camps por presunta prevaricación y malversación

El expresident de la Generalitat Francisco Camps, en una imagen de archivo.

La juez que investiga la organización de la Fórmula 1 en Valencia ha aplazado la declaración del expresidente de la Generalitat Francisco Camps hasta que se traduzcan todos los contratos de esa gestión y sean escuchados los testigos propuestos, pero le mantiene imputado por presunta malversación y prevaricación al igual que a la exconconsellera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar, según ha aclarado el TSJ de Valencia después de que Efe informara de que dejaba sin efecto la imputación del exdirigente del PP.

Camps debía declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia el próximo 18 de noviembre según fijó la juez en una providencia que ahora la propia instructora deja sin efecto al estimar el recurso interpuesto por el propio Camps, que se representa a sí mismo.

De esta forma, según ha aclarado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, la declaración prevista de los tres imputados "se deja en suspenso, no hay nueva fecha, no se modifica la condición en el procedimiento de ninguno de los personados y cuando se haya practicado la diligencia se acordarán nuevas fechas para declarar".

El expresidente valenciano alegaba para aplazar su declaración que existe un contrato que tiene una "importancia radical" y que no ha sido traducido del inglés al castellano. En concreto, se refiere a un contrato del 1 de junio de 2007 entre Valmor Sports, S.L., APM SPORTS, LTD y Bancaja, cuya falta de traducción podría generar indefensión.

Pedía también las declaraciones testificales

Además de las traducciones, la juez ha tenido en cuenta la otra petición que planteaba Camps en su recurso, en el que alegaba que era necesario que "previamente a la toma de declaración en calidad de imputados a los querellados se realicen las declaraciones testificales para evitar la indefensión".

La juez destaca en el auto en el que ha tomado la decisión de aplazar la declaración que la única parte que ha hecho alegaciones al recurso referido ha sido el Ministerio Fiscal, que no se opone a que sean traducidos los documentos señalados ni a que se practiquen primero las declaraciones testificales acordadas.

"A la vista de tales manifestaciones y de la no oposición del Ministerio Público", el juzgado estima el recurso presentado por Camps y revoca y deja sin efecto la providencia del 7 de octubre "suspendiendo el señalamiento de las declaraciones de los tres querellados acordadas". Contra esta decisión cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.

La Fiscalía pide también la declaración de varios testigos

Según fuentes consultadas por Europa Press, esta decisión de la juez también obedece a la petición de que declaren en la causa en primer lugar una serie de testigos. En concreto, Fiscalía propuso la citación en esta condición del expresidente de la Generalitat Alberto Fabra y la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

En su escrito, junto a estas testificales, el fiscal interesaba la declaración de la mayor parte de los miembros del Consell que intervinieron en la compra de Valmor, entre otros, la actual presidenta del PPCV y exconsellera de Infraestructuras, Isabel Bonig; el exvicepresidente del Consell José Císcar; y el exconseller de Justicia Jorge Cabré, quien actualmente es fiscal en Valencia.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia asumió esta investigación tras la pérdida de aforamiento de Camps, una vez disuelto el parlamento valenciano. La causa tiene su origen en una querella presentada el pasado mes de diciembre en el TSJCV por la Fiscalía Anticorrupción contra Camps, Johnson y Aspar.

La juez investiga si hubo prevaricación y malversación

El juzgado admitió a trámite la querella del Ministerio Público sobre posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde abril de 2006 (las negociaciones previas para que Valencia acogiera un Gran Premio) hasta el 19 de julio de 2011, cuando la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor, la empresa privada organizadora de la Fórmula 1.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos y la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".