La Audiencia Nacional procesa a Correa y Crespo por contratos irregulares del Ayuntamiento de Jerez

• Por otorgar tres contratos a empresas de 'Gürtel' sin concurso por 355.000 euros
• Es una pieza separada de la trama en torno a eventos en la feria Fitur
• Por estos hechos, el Supremo investiga a la exalcaldesa del PP García-Pelayo

Francisco Correa y Pablo Crespo, en el juicio por los contratos del Gobierno valenciano con la trama Gürtel por la feria Fitur.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Gürtel, José de la Mata, ha dado por finalizada la instrucción de la pieza relativa al Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y da el primera paso para sentar en el banquillo a nueve imputados, entre ellos, al presunto cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, al número dos, Pablo Crespo, y a otras siete personas por la adjudicación de tres contratos a empresas de la trama mafiosa por un total de 355.391 euros "sin concurso público" y con "groseras ilegalidades".

En esta pieza del caso Gürtel se han investigado unos hechos muy concretos y centrados en la adjudicación a empresas de Correa y Crespo de la organización de eventos para la feria de Fitur 2004 para el ayuntamiento gadidatano, en ese momento gobernado por el PP. En concreto el montaje del stand y dos espectáculos, uno ecuestre y otro flamenco en Madrid, que se otorgaron a Correa Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio.

Por estos hechos, el Tribunal Supremo investiga en una pieza separada a la entonces alcaldesa de Jerez y actual senadora, María José García-Pelayo (PP), en su condición de aforada.

Los contratos se hicieron después de la fería de Fitur

En el auto, el juez relata cómo las empresas de Correa empezaron a ejecutar los contratos sin que ni siquiera se les hubieran adjudicado formalmente, una adjudicación que se hizo además sin concurso público y, en algunos casos, como contratos menores y sin publicidad.

De hecho, los contratos y demás documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada la feria turística, afirma el juez, que detalla además que el organismo público que los concedió, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC), no tenía competencias para ello.

Las empresas adjudicatarias elaboraron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de la feria, lo que demuestra, según el magistrado, que los expedientes "se construyeron" después de Fitur y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".

El entonces secretario y las inverventoras, procesadas

Entre los procesados figuran el entonces secretario del Ayuntamiento de Jerez Manuel Báez y las dos interventoras del mismo (María del Milagro Pérez y Milagros Abascal), así como José Agüera, director entonces del IPDC, y la técnico municipal Lourdes Montenegro.

A los funcionarios se les imputa llevar a cabo los amaños para facilitar la concesión de los contratos y suscribir los expedientes administrativos relativos a ellos, en los que incurrieron, según De la Mata, en "groseras ilegalidades".

Aparte de Correa y Crespo, de la trama mafiosa están procesados Isabel Jordán, que administraba varias empresas de Gürtel e interpuso varias denuncias contra los presuntos cabecillas de la red, así como Javier Nombela.

Delito de prevaricación continuada

Según el juez, estos últimos "fueron conscientes de la situación y de los objetivos injustos desde el primer momento", concretamente desde las primeras reuniones que mantuvieron con el periodista Isidro Cuberos, encontrado muerto el pasado 28 de octubre en un barranco junto a su motocicleta.

Según el juez, Cuberos, que fue jefe de prensa de Javier Arenas hasta 2001, medió entre la red Gürtel y el Ayuntamiento y se reunió con los miembros de la trama para definir "todo el plan" que serviría para adjudicar los contratos de manera irregular.

Según el juez, los hechos relatados encajarían en un delito de prevaricación continuada, en tanto que se produjeron actos administrativos "objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales, que ampararon una situación en la que se prescindió total y completamente del procedimiento establecido por ley".

A partir de ahora, las acusaciones disponen de diez días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento de la causa.