El juez deja en suspenso el proceso de subasta del Aeropuerto de Ciudad Real

• El magistrado ha abierto un incidente de nulidad que debe ser resuelto
• La subasta había tenido lugar porque no se había vendido de forma directa
• El incidente de nulidad para el proceso de la subasta, pero no el de venta
• De hecho, señala el magistrado, se pueden presentar otras ofertas

Vista de las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real.

El nuevo titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, que gestiona la venta del aeropuerto de Ciudad Real, ha dejado en suspensión el proceso de subasta de ese aeródromo al abrir un incidente de nulidad de actuaciones con respecto a este proceso.

Según ha dado a conocer en una providencia hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el juez señala que una vez estudiada toda la documentación pertinente relativa al estado del procedimiento concursal, "se abre incidente de nulidad de actuaciones con respecto al proceso de venta a través de subasta pública del aeropuerto".

Hay dos razones que motivan su decisión. Por un lado, plantea "si la unidad productiva unitaria a enajenar, esto es el aeropuerto, es o era divisible", tal y como defiende la administración concursal. En caso de que lo fuera, el magistrado quiere saber "si para esa segregación se había contado con las preceptivas autorizaciones legales y administrativas", algo -entiende el magistrado- que "de no haberse producido esas autorizaciones se podría inferir en la nulidad de pleno derecho de lo actuado".

Por otro lado, el juez considera que en cuanto a la concreción del objeto sacado a subasta, "podría ser vago, impreciso e indeterminable a la vista de la delimitación y descripción de los bienes que salen a subasta".

Cómo iba el proceso de subasta

La apertura del incidente de nulidad lleva consigo dejar en suspenso la subasta hasta que sea resuelto dicho incidente de nulidad a través de resolución firme. La mejor de las ocho ofertas que se recibieron por el Aeropuerto de Ciudad Real el pasado mes de septiembre, dentro del plazo establecido, fue de 80 millones de euros y los que la presentaron realizaron el depósito bancario del 5% -en este caso de 4 millones de euros-.

Ahora el magistrado ordena también la inmediata devolución de las cantidades que se hubieran consignado en la subasta y la posterior mejora de pujas, así como los avales, "con el fin exclusivo de evitar perjuicios a los pujadores y ofertantes". Las cantidades y avales se tendrán por presentados y en vigor si no se anulara el proceso.

El incidente de nulidad, sin embargo, no afecta al proceso de compra directa y no impide que se puedan presentar propuestas de compra, incluyendo las que puedan hacer los postores u ofertantes que hubieran participado en el proceso de subasta pública. De hecho, el magistrado ha indicado que éstas se dirigirán directamente al juzgado y que serán entregadas al juez para su supervisión y control, de las que se dará cuenta a la administración concursal.

Proceso de venta del aeropuerto

La administración concursal de la sociedad CR Aeropuertos, propietaria del aeródromo de Ciudad Real, sacó a la venta directa toda la explotación unitaria, compuesta por el Aeropuerto de Ciudad Real, los terrenos incluidos en la zona de uso industrial-aeroportuario y los terrenos incluidos en la zona destinada a usos ecológicos.

Como no se logró vender de esta forma, se abrió una subasta público-privada en la que ya no se ofertaba todo, sino el aeropuerto (incluidas las pistas de aterrizaje, hangares, la terminal, el aparcamiento, el mobiliario, etc.) y los terrenos de uso exclusivamente agrario que sean estrictamente necesarios para cumplir con las obligaciones establecidas en la declaración de impacto medioambiental.

Quedaron fuera los terrenos de uso industrial-aeroporturario, así como los terrenos de uso agrario no necesarios para cumplir las obligaciones medioambientales actuales.

Como ya se ha explicado, ahora el juez abre el proceso de nulidad, entre otros motivos, porque se plantea si se puede hacer esa división efectuada por la administración concursal. Y en caso de que se pudiera, quiere saber si se contaba con el permiso de las diferentes administraciones públicas.