El Constitucional suspende la declaración independentista y avisa a Mas y Forcadell

• Se suspende de forma cautelar al admitir por unanimidad el recurso del Gobierno
• El Tribunal notificará su resolución personalmente a 21 altos cargos catalanes
• Para el Ejecutivo, la "rapidez" del TC demuestra la "fortaleza" de las instituciones

El Tribunal Constitucional suspende la resolución independentista catalana

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso del Gobierno presentado este mismo miércoles contra la resolución independentista aprobada el lunes por el Parlament catalán, lo que supone su suspensión cautelar de forma automática durante al menos cinco meses, hasta que haya pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El tribunal de garantías ha decidido también notificar su decisión de forma personal a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los que avisa de que incurrirán en responsabilidades penales si no acatan su decisión.

Tras una reunión de dos horas y media, el Constitucional ha decidido por primera vez notificar en mano su resolución, una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento y que le permite perseguir a cargos públicos que inclumplan sus sentencias.

De ese modo, se notificará la decisión al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol.

Eludir la suspensión puede acarrear responsabilidad penal

A todos se les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC, y, los magistrados, aunque sin concreción, advierten de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento.

El tribunal da traslado de la demanda al Parlament, a través de su presidenta, para que en el plazo de diez días pueda personarse en el proceso y formular alegaciones. También recaba el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para emitir las notificaciones y apercibimientos.

Tras conocer la decisión del TC, la vicepresidenta del Govern y portavoz en funciones, Neus Munté, ha defendido que el Ejecutivo catalán actúa en "estricto cumplimiento" del Parlament "soberano" y ha acusado al Gobierno de "utilizar" al tribunal para poner "una mordaza" a los "anhelos de libertad" de Cataluña.

El Gobierno ve en la "rapidez" del TC la "fortaleza" de las instituciones

Sin embargo, el Gobierno ha expresado su satisfacción y ha considerado que la "rapidez" de esa decisión -adoptada 48 horas después de la aprobación de la resolución del Parlament- demuestra la "fortaleza" de las instituciones.

"Esto demuestra la fortaleza de nuestras instituciones, la solidez de nuestra democracia y el imperio de la ley en España", han subrayado las fuentes del Ejecutivo.

Según el recurso del Gobierno admitido a trámite, las vulneraciones producidas por la resolución inciden, entre otros, sobre los artículos que establecen que la "soberanía reside en el pueblo español" y que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

Además, entiende que se vulneran asimismo los artículos 1 y 2.4 del Estatut de Autonomía de Cataluña, que supeditan el ejercicio de los poderes en Cataluña a la Constitución.

En su recurso, el Ejecutivo pide la anulación de toda la resolución, que reconoce la soberanía de Cataluña, atribuye al Parlament poder constituyente y expresa un compromiso de no supeditar el proceso a las decisiones del Estado español y de su ordenamiento jurídico.

El Ejecutivo sostiene que la resolución del Parlament supone declarar que el pueblo catalán es depositario de una soberanía nacional distinta a la del pueblo español, lo que vulnera "frontalmente y de forma expresa" el artículo 1.2 de la Constitución.