Los alcaldes y funcionarios de Cataluña podrían enfrentarse a 30 años de prisión si desobedecen al Constitucional

• El fiscal de la Audiencia remitió orden para ser informado de posibles delitos
• Los delitos se cometerían una vez que el Constitucional pare la declaración
• Podrían enfrentarse a 30 años de cárcel por rebelión y 15 por sedición

¿Qué entiende el Código Penal por rebelión y sedición?

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, remitió este martes una orden a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y a los Mossos d'Esquadra para que informen de actos delictivos que se puedan cometer durante el proceso secesionista en Cataluña y que sería aplicable a partir de que el Tribunal Constitucional "invalide y deje sin efecto" la declaración independentista votada por el Parlament catalán.

A quién afecta la competencia de la Audiencia:

• Quedan fuera de su ámbito de actuación los aforados previstos en el Estatato de Autonomía catalán: diputados autonómicos, president y miembros del Govern. Estos serían juzgados por el Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo.
• Entre los posibles afectados por la actuación de la Audiencia Nacional se encuentran el resto de autoridades, los funcionarios públicos (local, provincial o autonómico) o particulares.

Qué perseguirían:

• "La adopción de nuevos acuerdos o la toma de decisiones, en el ámbito que fuere, haciendo caso omiso de la decisión del Tribunal Constitucional, y la realización de actos de ejecución de ese mandato ilegal".
• También se castigaría la conspiración, la proposición y la provocación para cometerlos.

Los delitos perseguidos:

• Además de la sedición y rebeldía, podría ser susceptible de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o uso indebido de fondos públicos.

Cómo se pena:

• La Fiscalía se centra en los delitos contra la Corona, las instituciones del Estado y contra la forma de Gobierno, en lo que enmarca los de sedición y rebeldía. "Cuando ambos delitos vayan encaminados o dirigidos como es el caso, a declarar la independencia de una parte del territorio nacional, (...) deberán ser considerados como delitos contra la forma de Gobierno".
• Sedición. Se castiga con prisión de a 10 a 15 años "el alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, el legítimo ejercicio de las funciones asignadas a autoridad, corporación oficial o funcionario público, el cumplimiento de sus acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales."
• Rebelión. Pneas de entre 25 y 30 años de cárcel. Se persigue "el alzamiento público y violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

El fiscal jefe de la Audiencia recuerda en su escrito que todos los cuerpos policiales dependen funcionalmente de los jueces, tribunales y fiscales, y por tanto, deben seguir sus directrices y no las órdenes políticas desde ningún otro ámbito.

Los 21 altos cargos catalanes que pueden ser suspendidos si no obedecen al TC

Combo de fotografías de los 21 altos cargos de las instituciones catalanas a quien el Tribunal Constitucional podría llegar a suspender después de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Parlamento catalán sobre la independencia promovido por el Gobierno. EFE

El Tribunal Constitucional podría llegar a suspender a 21 altos cargos de las instituciones catalanas después de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Parlamento catalán sobre la independencia promovido por el Gobierno, y que da por buena la petición de éste sobre el apercibimiento.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; la presidenta del Parlamento y de la Mesa, Carme Forcadell; el vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra; la secretaria primera, Anna Simó; el secretario segundo, David Pérez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet; la secretaria cuarta, Ramona Barrufet; y el secretario general del Parlament, Pere Sol; la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; los consejeros de Presidencia, Francesc Homs; de Salud, Boi Ruiz; de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; de Empleo y Ocupación, Felip Puig; de Gobernación y Relaciones Institucionales, Meritxell Borrás; de Enseñanza, Irene Rigau; de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila; de Justicia, Germá Gordó; de Cultura, Ferrán Mascarell; de Interior, Jordi Jané; y de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta.