Hacienda pide a la Generalitat que presente un ajuste extra de 1.318 millones para cumplir con el déficit

• La Generalitat ha respondido al Ministerio que no lo ve asumible
• Hacienda dice que Cataluña no informó de ese gasto de 2013 hasta este año
• El Govern lo niega y dice que el Ministerio lo conocía desde agosto de 2013
• Cristóbal Montoro asegura que "no se están pidiendo más recortes"

Hacienda pide a la Generalitat que presente un ajuste extra de 1.318 millones para cumplir con el déficit

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha instado por carta a la Generalitat que presente un nuevo programa de ajuste por valor de 1.318 millones de euros este mismo año para cumplir con el objetivo de déficit, que es del 0,7%, según han confirmado fuentes de la Consejería de Economía catalana a las agencias Efe y Europa Press y adelantó El Mundo. Esta cifra -correspondiente a gastos efectuados en 2013-, es la que se conoció el pasado mes de octubre, cuando Eurostat hizo pública la revisión del déficit público español.

Fuentes del departamento de Economía de la Generalitat han confirmado a Efe la existencia de esa carta de Hacienda y han añadido que Mas-Colell ha respondido a Beteta con otra misiva en la cual alega que, a dos meses del cierre del ejercicio, no se puede pedir que se imputen estos 1.318 millones a cuenta de 2015.

Al imputar estos 1.318 millones de euros a este ejercicio, Cataluña sobrepasará con creces el límite de déficit para todo el ejercicio, que es del 0,7%. De hecho, en agosto, el déficit acumulado de Cataluña era ya de 1.558 millones, el 0,76% del PIB, cifra en la que no se incluía esta cantidad. Este es el motivo por el que Hacienda le ha pedido una actualización del Programa Económico Financiero.

En la respuesta al Ministerio, Mas-Colell argumenta que los ciudadanos no pueden ser víctimas de desacuerdos entre administraciones. La Generalitat sostiene que esta polémica respecto a los 1.318 millones es fruto de "diferencias" entre dos organismos -la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la oficina de estadística europea, Eurostat- sobre cuándo imputar estos gastos.

Montoro: "No se están pidiendo más recortes"

Este jueves, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que "no se están pidiendo más recortes en modo alguno" a la Generalitat, pero sí que ha agregado que el Ejecutivo regional ha de "actualizar" su plan económico-financiero porque ese dinero es un gasto que "viene de años atrás y no va a prolongarse años adelante".

Esta situación también se ha producido en el Ayuntamiento de Zaragoza. "Desde el Gobierno no se piden más recortes ni a Zaragoza ni a Cataluña", ha insistido el ministro, que ha considerado "lamentable" que estas cosas sigan ocurriendo en España, aunque cada vez "quede menos".

Cuál es el origen de los 1.318 millones

Eurostat publicó el pasado 21 de octubre los datos definitivos de déficit de los ejercicios 2012 y 2013 y revisó al alza las cifras del año 2014 de todos los países de la UE, incluida España. Entonces, Hacienda informó de que tendría que imputar 1.518 millones de euros extra al déficit de 2015 por contratos de Cataluña (1.318 millones) y el Ayuntamiento de Zaragoza (200 millones). Según el Ministerio, las dos administraciones no habían revelado esos gastos hasta este ejercicio.

En su explicación, Hacienda aseguró que, tal y como se había hecho otros años, estos gastos se imputaron al ejercicio 2013, último año en el que no se habían cerrado los datos definitivos de contabilidad nacional. Pero que, tras el proceso habitual de intercambio de información, las autoridades estadísticas españolas y Eurostat concluyeron que resultaba "más idóneo" imputar estos gastos al ejercicio 2015, ya que no había sido hasta este año cuando las Administraciones Públicas responsables han revelado su existencia.

La Generalitat negó poco después que ocultara estos gastos y añadió que el Ministerio conocía "como mínimo desde agosto de 2013" la existencia de una relación de obras, correspondientes a carreteras y prisiones, hechas años antes con fórmulas de asociación público-privadas, por este importe.

A raíz de estas circunstancias, Hacienda decidió abrir el pasado mes de octubre una auditoría a todas las comunidades autónomas y corporaciones locales para comprobar las cuentas.