Amnistía Internacional denuncia que la tortura en China se extiende a los abogados de las víctimas
- Un informe de la organización documenta palizas, golpes y malos tratos
- Son prácticas "arraigadas" que se utilizan para obtener confesiones forzosas
- Una de las principales causas es la falta de independencia judicial
¿QUÉ?
Según la definición de AI la tortura se produce cuando alguna autoridad causa dolor severo o sufrimiento de forma intencionada con el propósito de conseguir información o en represalia contra alguien.
¿QUIÉN?
La tortura en China prevalece especialmente según AI contra presuntos criminales antes de ser juzgados. También afecta a individuos que supongan una amenaza política para el Gobierno como activistas en defensa de los derechos humanos, funcionarios acusados de corrupción, adeptos de la disciplina espiritual Falun Gong, tibetanos y uigures sospechosos de separatismo. A este grupo se han unido además los abogados que investigan los casos de tortura.
¿CÓMO?
La tortura puede ser física, como palizas o posturas forzadas y dolorosas, o psicológica, como la privación del sueño.
¿DÓNDE?
AI denuncia que en China, la tortura se practica en centros de detención e instalaciones no oficiales por agentes de policía, guardias de prisiones o reclusos instigasdos por estos últimos.
¿POR QUÉ?
La tortura en China se utiliza para conseguir dos metas, bien para obtener confesiones y pruebas para los jucios, bien como método de castigo.
La tortura y los malos tratos siguen siendo habituales en China. La policía continúa utilizando estas prácticas, muy arraigadas en el sistema penal, para obtener confesiones forzadas, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, que asegura que estos métodos también son sufridos por los abogados de las víctimas que denuncian o investigan los abusos.
Sin fin a la vista: tortura y confesiones forzadas en China documenta palizas, períodos prolongados de privación del sueño, negación de agua y alimentos e incluso el uso de instrumentos como "los bancos tigres" -las piernas de la persona se atan con fuerza al asiento y se agregan ladrillos gradualmente bajo sus pies, lo que obliga a llevar hacia atrás las piernas-. Amnistía asegura que todos estos métodos son comunes en la detención en espera de juicio.
Además, la ONG explica que incluso las sufren los abogados que presentan denuncias o investigan los hechos. El letrado y exfiscal Tang Jitian asegura haber sido torturado por agentes de seguridad locales tras intentar descubrir qué sucedía en una instalación de detención secreta -una de las llamadas "cárceles negras"- al nordeste del país.
"Me amarraron con correas a una silla de hierro, me abofetearon, me dieron patadas en las piernas...", explica Jitian en el documento. Después, cuenta, le pusieron una capucha, le esposaron y le tuvieron colgado por las muñecas mientras la policía le golpeaba.
Un sistema judicial sin independencia
Uno de los principales obstáculos para poner fin a estos métodos es que el sistema de justicia no es independiente. Por una parte, la policía ejerce un poder excesivo y sin control. Por otra, los jueces se ven influenciados por comités políticos locales, integrados por funcionarios del Partido Comunista chino, que condicionan las causas "delicadas".
Por ello, en muchas ocasiones, las confesiones forzadas son admitidas en los juicios, cuando según el derecho internacional, las evidencias obtenidas de forma ilegítima deben ser excluidas. De los 590 casos analizados por Amnistía en los que se denunciaban torturas, solo en 16 procesos se descartaron este tipo de pruebas.
Pocos cambios a pesar de las reformas
A pesar de que la organización reconoce que el Gobierno ha aprobado reformas, la situación ha cambiado poco. Sobre todo en las causas políticas que afectan a disidentes, minorías étnicas o grupos religiosos.
Amnistía también manifiesta su rechazo a un nuevo sistema de detención impulsado por las autoridades chinas: la "vigilancia domiciliaria en un lugar designado". Un método que permite recluir a ciertos acusados en régimen de incomunicación en lugares no revelados durante un tiempo máximo de seis meses. Diseñado para sospechosos de terrorismo, soborno grave o de delitos contra la seguridad del Estado, este procedimiento, según la ONG, deja al detenido en grave riesgo de tortura.
Otro de los problemas que denuncia el documento es que, según estimaciones de juristas chinos, menos de un 20% del total de acusados en causas penales cuentan con la asistencia de un abogado, lo que genera indefensión. Igualmente, la inadecuada -y contraria a derecho internacional- definición de la tortura en la legislación del país asiático supone otro bache a la hora de abordar el asunto.
La próxima semana el Comité contra la Tortura de la ONU revisa la situación de China. Amnistía pide presionar a Pekín para que cambie su regulación, prohíba de forma absoluta este tipo de métodos, garantice que los abogados y activistas pueden trabajar sin hostigamiento y que las declaraciones obtenidas mediante tortura no podrán utilizarse en ningún procedimiento.