Registran la sede del Banco Central de Argentina por una denuncia presentada contra el presidente por fraude
- Habría vendido dólares a futuro por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York
- Si para marzo la cotización oficial supera el precio de venta asumiría la consiguiente pérdida
- Las reservas monetarias del Banco Central han tocado su mínimo en nueve años
La Policía Metropolitana de Buenos Aires ha registrado la sede del Banco Central de Argentina por una denuncia presentada contra el presidente de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli, por presunto fraude.
La orden de registro la ha emitido el juez Claudio Bonadio, quien dispuso que el procedimiento lo realizara la Policía Metropolitana, cuerpo de seguridad de la ciudad de Buenos Aires que depende del gobierno capitalino, a cargo del candidato opositor a la Presidencia, Mauricio Macri.
Bonadio investiga una denuncia presentada el pasado 30 de octubre por los diputados opositores Federico Pinedo, de Propuesta Republicana (Pro) y Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, contra Vanoli y el resto del directorio del Banco Central por presunto fraude al erario público en la venta de dólares a futuro.
El miércoles pasado, el fiscal que interviene en la causa, Eduardo Taiano, solicitó la imputación de Vanoli, acusado por los parlamentarios opositores de vaciar las arcas del Banco Central a través de la firma de contratos de dólar a futuro pendientes de ejecución. Según los denunciantes, mediante estas operaciones, la autoridad monetaria habría vendido los dólares a un precio que ronda los 10,65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos, de alrededor de 14 pesos por unidad.
Mediante estos contratos a futuro, el Banco Central se compromete a entregar dólares a 10,65 pesos por unidad al 31 de marzo próximo, frente a una cotización oficial actual de 9,64 pesos. Si para marzo la cotización oficial está por encima del precio establecido en los contratos, el Banco Central debe entregarlos a ese valor pactado con la consiguiente pérdida para la entidad.
"Si se planteara que en realidad se vendieron contratos de manera indiscriminada en un dólar que en realidad se sabía no podía resistir la ecuación económica, podría haber una defraudación a la administración pública", ha señalado el juez, quien ha añadido que para ese tipo de delito se prevé una pena de "mínimo de 6 años" de prisión.
La investigación al Banco Central coincide con la campaña en Argentina para la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 22 de noviembre y en la que uno de los principales temas de discusión es qué hará el próximo Gobierno con el complejo mercado cambiario local, en momentos en que las reservas monetarias han tocado su mínimo en nueve años.