Arranca el juicio penal contra los directivos de Afinsa por la estafa que afectó a casi 200.000 personas

• El fiscal pide para los 14 ejecutivos de Afinsa penas de hasta 19 años de cárcel
• Les acusan de falsear cuentas, estafa, insolvencia punible, blanqueo y fraude

Afectados por la estafa filatélica de Afinsa a las puertas de la Audiencia en San Fernando de Henares.

La cúpula de Afinsa se sienta en el banquillo de los acusados en un juicio penal que ha comenzado este jueves en la Audiencia Nacional. El proceso se inicia más de nueve años después del estallido del escándalo del fraude de los sellos, por el que la Fiscalía pide hasta 19 años de prisión para alguno de los acusados.

El escándalo -que sacudió a la entidad tras su intervención y la de Fórum el 9 de mayo de 2006- afectó a 200.000 ahorradores que depositaron su dinero en Afinsa para que ésta realizase contratos de inversión en sellos con la promesa de altas rentabilidades y a los que se les causó un perjuicio de 1.928 millones de euros.

Después de una larga instrucción a cargo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la Fiscalía Anticorrupción ha terminado pidiendo 19 años de cárcel para el expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano; 16 para el exconsejero Carlos de Figuereido; 15 para los ejecutivos y exmiembros del Consejo Albertino de Figuereido y Vicente Martín, y 13 para Emilio Ballester.

Estafa, fraude y blanqueo, entre otros delitos

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público les acusa de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo y fraude. Además, considera autor de los dos primeros delitos al exconsejero Joaquín José Abajo, para quien solicita 11 años de cárcel y que indemnice conjunta y solidariamente junto a los anteriores con 2.574 millones a los 190.022 afectados, a lo que habrá que restar lo que ya hayan hecho efectivo en el procedimiento concursal.

Señala como cómplices de estafa a Francisco Guijarro, para el que se piden ocho años también por blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; a Gregory Manning, que se enfrenta a cinco años de prisión.

Manning no se ha presentado, por lo que el tribunal le ha declarado en rebeldía y ha acordado reclamar su extradición a EE.UU. , país en el que reside, y su posterior ingreso en prisión. Su letrada había alegado que sufre "padecimientos" y que no podía asistir al juicio por vivir fuera de España, motivo por el cual el fiscal Anticorrupción ha reclamado su ingreso en prisión y que se abra una pieza separada.

Por último, reclama cuatro años para Esteban Pérez y Ramón de Egurbide, tres para Ramón Soler, dos años y medio para Juan y Jordi Domingo por un delito contra la Hacienda Pública, y dos para Francisco Blázquez por falseamiento de cuentas anuales.

El tribunal ha eximido de declarar a Egurbide y Blázquez, porque padecen una enfermedad degenerativa, por lo que han abandonado la sala de vistas, a la que han asistido multitud de afectados por la estafa.

Sellos de "valor ínfimo"

Según la Fiscalía, Afinsa desarrolló entre 1998 y 2006 un negocio de captación de ahorro masivo de "apariencia lícita" al ofrecer contratos de inversión en sellos con el atractivo de unas elevadas rentabilidades.

Sin embargo, estos sellos, que debían soportar el importe de la inversión, tenían "un valor ínfimo" en relación con las cantidades entregadas por los clientes y las rentabilidades satisfechas no se correspondían con la revalorización de la filatelia, sino con las aportaciones de nuevos inversores.

Los fiscales encargados del caso, Alejandro Luzón y Juan Pavía, intentarán demostrar que la "única" viabilidad del negocio consistía en "reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria" con nuevos clientes, creando una "suerte de negocio piramidal".

El juicio, que inicialmente está programado hasta el 20 de enero del próximo año, se celebra ante la sección primera de la sala de lo penal.

Condenados a inhabilitación

Al margen de la investigación penal, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ya calificó de culpable el concurso de la sociedad en octubre del año pasado y condenó a Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Martín Peña a 15 años de inhabilitación para administrar bienes y a restituir el agujero ocasionado de 1.820 millones.

Pero esta sentencia absolvía al fundador y exconsejero Albertino de Figueiredo y al resto de colaboradores, al considerar que no actuaron como administradores en los años anteriores al concurso.