El Tribunal Supremo acuerda dejar el 'caso Rato' en el juzgado de Madrid

• Se investigan, entre otros delitos, uno de blanqueo y otro de corrupción
• El propio juez instructor pidió al Alto Tribunal que tomara una decisión

Rodrigo Rato sale de casa en una foto de archivo.

El Tribunal Supremo ha resuelto que el tribunal competente para asumir la investigación del caso Rato sobre el origen del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato es el juzgado número 31 de Madrid, en vez del número 4 de la Audiencia Nacional, han informado fuentes del Alto Tribunal.

La controversia sobre qué tribunal debía llevar esta investigación llegó al Supremo hace dos meses, después de que los titulares del tribunal madrileño y del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Antonio Serrano-Arnal y Fernando Andreu, respectivamente, discreparan sobre qué órgano era el competente.

Fue el propio juez de instrucción quien pidió al Alto Tribunal que decidiera quién era el magistrado competente para investigar presuntas irregularidades detectadas en el patrimonio de Bankia Rodrígo Rato, al considerar que debía ser la Audiencia Nacional la encargada de instruir esta causa.

La Fiscalía, partidaria de dejar la competencia en el juzgado de Madrid

No obstante, ha tenido en cuenta el informe de la Fiscalía del TS que se inclinó por dejar la competencia de la instrucción en los juzgados de Madrid, en concreto, en el juzgado número 31, que fue el que asumió la instrucción tras la detención de Rodrígo Rato el pasado mes de abril.

Serrano-Arnal, partidario junto a la Fiscalía Anticorrupción de que fuera Andreu el instructor, pidió el 2 de octubre pasado a la Sala de lo Penal del Supremo que aclarara quién debía asumir el caso en el que se investiga el patrimonio de Rato ante las sospechas de que podía haber blanqueado dinero en el exterior.

El 18 de noviembre pasado la Fiscalía del Alto Tribunal se pronunció a favor de que fuera el tribunal de Serrano-Arnal el que instruyera el caso al considerar que los indicios apuntan a que los delitos se empezaron a cometer en suelo español, criterio que finalmente ha decidido seguir el Supremo.

Entre otros delitos, se investigan uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares.

Tres líneas de investigación que confluyen en una empresa

El magistrado de instrucción de Madrid Serrano-Arnal investiga el patrimonio de Rato y se centra en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que el exvicepresidente es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.

La sociedad de escasa actividad constituida en 2001 cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, apuntaba el juez en la cuestión remitida a la competencia. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas, la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas.

Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato.

Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.

Un millón de euros de origen desconocido

Esta empresa encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".

El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid mantiene imputadas, además de a Fernández Norniella y las dos nuevas personas que el juez relaciona con la comisión de delitos, a otras 11 personas por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo y corrupción entre particulares.

Además de Rato, investiga al presunto testaferro Alberto Portuondo, el único que ha sido enviado a prisión, el abogado Domingo Plazas, la que fuera secretaria del exvicepresidente del Gobierno Teresa Arellano y otro presunto testaferro Miguel Angel Montero.

Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades. Se encuentran, además, imputados el exdirector de Comunicación de Caja Madrid y Bankia Miguel Robledo y una empleada de Portuondo.