Cerca de 200 países firman un acuerdo histórico para luchar contra el cambio climático
- 195 países aprueban el primer acuerdo universal contra este problema
- El texto propone limitar el calentamiento global 1,5 grados
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La cumbre del clima (COP21) de París acaba de aprobar el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático, en el que cerca de 200 países, tanto desarrollados como en desarrollo, se comprometen de manera histórica a transitar de manera conjunta hacia una economía baja en carbono.
A las 19.26 hora local (18.26 GMT), el presidente de la COP21, Laurent Fabius, dio el esperado martillazo del consenso en el plenario de la cumbre y ha dicho que "acabamos de hacer una cosa grande", en medio de los aplausos y abrazos de los presentes.
El presidente francés, François Hollande, se incorporó nada más aprobarse el acuerdo y se fundió en un fuerte abrazo con el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, mientras al secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se le caían lágrimas de emoción.
Para lograr el acuerdo que marca el inicio de un nuevo modelo de desarrollo han hecho falta veintiún años de cumbres del clima y doce meses de los más intensos esfuerzos diplomáticos que se hayan hecho en la historia.
“Este es el acuerdo más complejo que se ha negociado nunca“
"Este es el acuerdo más complejo que se ha negociado nunca", han reconocido los secretarios tanto de Naciones Unidas como de la convención de cambio climático de la ONU, Christiana Figueres.
El acuerdo que se acaba de aprobar tiene como objetivo "mantener la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales", aunque los países se comprometen a llevar a cabo "todos los esfuerzos necesarios" para que no rebase los 1,5 grados y evitar así "los impactos más catastróficos del cambio climático".
Para lograr ese objetivo, recoge compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático de cada una de las 196 partes del acuerdo y obliga a los países tanto a rendir cuentas de su cumplimiento como a renovar sus contribuciones al alza cada cinco años.
Los países aluden al límite de los 1,5 grados centígrados como el aumento de temperatura que no convendría superar para que los impactos del calentamiento no sean catastróficos, según el texto ha sido aprobado en la cumbre y que fue publicado por Naciones Unidas. El acuerdo es jurídicamente vinculante, aunque no su totalidad: no lo son los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que presentan los países, como pretendían China, Estados Unidos o la India.
El pacto entrará en vigor en 2020 y cada cinco años los países deberán revisar sus contribuciones por un mecanismo de "reporte y rendición de cuentas transparente". Los países se proponen que las emisiones toquen techo "tan pronto como sea posible".
Tres escollos para el pacto
Las negociaciones giraron en torno a los tres temas que entorpecían el entendimiento: la ambición del futuro pacto del clima, la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo al asumir responsabilidades y la financiación a estos últimos.
Así lo explicó a Efe el viernes el ministro de Ambiente peruano y "mano derecha" de Fabius en las negociaciones, Manuel Pulgar Vidal, quien indicó que, de entre todos los temas "espinosos, el de la diferenciación entre desarrollados y en desarrollo es el aspecto clave que divide a los países".
A favor de marcar con más fuerza esa diferenciación se pronunció el Grupo de Países en Desarrollo con Ideas Afines, del que forman parte países como China, la India, Indonesia, Irán, Malasia, Sudán o Vietnam, y muy respaldado también por Arabia Saudí y Rusia.
Sus "duras" intervenciones incidieron en que los mecanismos de transparencia para la revisión de los compromisos de reducción de emisiones se apliquen fundamentalmente a los países desarrollados y que éstos sean los que tengan la responsabilidad de aportar la financiación climática, explicó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui.
La Unión Europea (UE) o Estados Unidos se oponen a que países en desarrollo con muchas emisiones no revisen sus contribuciones a un nivel similar de los desarrollados.