La CNMC multa con 9,3 millones a siete empresas de construcciones modulares por fijación de precios y reparto de clientes

• La mayor sanción recae sobre Dragados, filial de ACS, por valor de 8,56 millones
• Las prácticas anticompetitivas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013

La CNMC multa con 9,3 millones a siete empresas de construcciones modulares.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 9,3 millones de euros a siete empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares, entre ellas Dragados, por fijación de precios y reparto de los clientes y las adjudicaciones de las licitaciones.

De las siete sanciones impuestas, la más cuantiosa, por valor de 8,56 millones de euros, recae sobre Dragados, de la que resulta responsable solidaria su matriz ACS. Además, ha impuesto multas a Algeco Construcciones Modulares (1,591 millones), ABC Arquitectura Modular (144.241 euros), Alquibalat (461.847 euros), Alquileres Barceló Sáez (43.487 euros), Arlan (90.475 euros) y Renta de Maquinaria (340.868 euros).

No obstante, en aplicación del programa de clemencia, la CNMC ha otorgado a Algeco la exención de la multa impuesta, al tiempo que ha aplicado una reducción del 30% al importe de la multa impuesta a Alquibalat. Algeco fue la primera empresa en aportar elementos de prueba que permitieron ordenar inspecciones sobre este cártel, mientras que Alquibalat ha aportado elementos de prueba que justifican la concesión de la citada reducción.

Las prácticas anticompetitivas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013

Las licitaciones se convocaron en el mercado español de la fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares, que son estructuras prefabricadas que se utilizan, de forma individual o combinada, como estancias temporales o permanentes para distintos servicios.

Junto a su uso tradicional por empresas constructoras como oficinas o vestuarios temporales situados a pie de obra, en la actualidad el uso de las construcciones modulares se ha ampliado a otros servicios y sirven de estructuras para colegios, almacenes, hospitales, oficinas, hoteles u otros alojamientos. De hecho, estas soluciones se caracterizan por ofrecer una mayor flexibilidad al usuario, un periodo de instalación inferior y la posibilidad de su reutilización en otros lugares con finalidades distintas de las inicialmente previstas.

En particular, entre las prácticas investigadas y sancionadas, tienen especial importancia los acuerdos anticompetitivos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones de suministro de construcciones modulares destinadas a instalaciones educativas (colegios e institutos públicos) en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, aunque las conductas sancionadas también alcanzaron a otras licitaciones públicas y privadas.

Las prácticas anticompetitivas acreditadas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas comunidades autónomas, agrupadas en las llamadas zonas Levante, Sur, Cataluña y Centro-Norte.