Anuladas las fianzas de 19 millones impuestas a siete miembros del Consejo Rector de IDEA en los ERE

• La Audiencia precisa que Alaya impuso dichas fianzas por ser miembros del Consejo Rector de IFA/IDEA
• Entiende que los indicios que hay no son "tan severos" como para esas fianzas
• Impone nuevas fianzas de entre 20.000 y 7.000 euros

La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya en una foto de archivo.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado las fianzas de responsabilidad civil por valor de 19 millones de euros que la juez Mercedes Alaya impuso en septiembre de 2014 a siete miembros del Consejo Rector de la agencia IDEA imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, destacando el caso del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, a quien la juez impuso una fianza de 10,7 millones.

En un auto fechado el día 20 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial deja sin efectos también las fianzas impuestas al ex secretario general de Industria y expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, al que Alaya impuso una fianza de 2,5 millones, y al ex director general tecnológico e Incentivos de la Consejería de Empleo Manuel López Casero, que debía hacer frente a una fianza de 2,2 millones.

Igualmente, anula las fianzas civiles impuestas al ex viceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano --1,8 millones--; al exdirector de Industria de la Consejería de Empleo Jesús Nieto González --un millón--; al exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua --537.333 euros--, y al que fuera presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler, a quien Alaya impuso una fianza civil de 153.333 euros.

Fianzas por ser miembros del Consejo Rector de IFA/IDEA

La Audiencia precisa que Alaya impuso dichas fianzas civiles a todos los imputados por ser miembros del Consejo Rector de IFA/IDEA con la excepción de Jesús María Rodríguez, "a quien se impone fianza pecuniaria en atención a sus cargos de viceconsejero de la Consejería de Innovación y vicepresidente de IDEA".

Al hilo de ello, y respecto a los vocales del Consejo Rector, la Sala argumenta que todos ellos "tenían conocimiento de que a través de los convenios que aprobaban con su voto afirmativo daban carta de naturaleza a que se abonara mediante las transferencias de financiación ayudas sociolaborales que debían haber sido, en su caso, tramitadas en expedientes de subvenciones conforme a la normativa que regulan las leyes estatal y autonómica en esta materia".

Ahora bien, asevera que la cantidad de la fianza "se ha cuantificado a un tanto alzado, como lo fue la del resto de miembros del Consejo Rector", pues, en concreto, "se ha dispuesto en el auto apelado que se imponga a cada uno de los vocales una fianza de 20.000 euros para los supuestos en los que votaron favorablemente convenios y 7.000 euros para los casos en que delegaron el voto en las sesiones que no asistieron y el delegado votó a favor de su aprobación".

"La fijación a un tanto alzado desvincula la medida cautelar real de su finalidad, que no es otra que asegurar la reparación del daño causado con la presunta conducta delictiva en la que haya participado cada imputado", dice la Audiencia, que por ello deja sin efecto las fianzas impuestas a los vocales del Consejo Rector de IDEA.

"No son tan severos"

En el caso de Jesús María Rodríguez, la Sala recuerda que Alaya le impuso una fianza civil en atención "a las ayudas (sociolaborales) concedidas en el periodo (en el que fue viceconsejero de Innovación) que ascendieron a 269.704.587,73 euros", cifrando la cantidad en el tres por ciento del montante de las ayudas más el tercio legal correspondiente, ascendente a 10,7 millones.

Pues bien, la Audiencia aclara que "las transferencias de financiación eran creadas y acordadas por la Consejería de Empleo, no por la de Innovación de la que fue viceconsejero el apelante", añadiendo que, "no consta que diera la orden para abonar la ayuda sociolaboral a la empresa del 'Grupo Barbadillo' de 1,5 millones", mientras que "tampoco consta que despachara con el director general de la Agencia la aprobación de los convenios que no superasen los 450.000 euros, cuya competencia corresponde en exclusiva al director general".

A ello se suma que "tampoco consta que tuviera conocimiento del déficit de la Consejería de Empleo generado por las transferencias de financiación, ni que participara en el falseamiento de la propuesta del anteproyecto de la Agencia, pues esta función compete al Consejo Rector, que se constituye válidamente con los titulares de la Presidencia y de la Secretaría de la Agencia y la mitad de sus miembros bien personalmente o por delegación a otro vocal del órgano, por lo que se desconoce su participó en la elaboración de esa propuesta de anteproyecto".

Por todo ello, estos indicios "no son tan severos como para fundar en los mismos la adopción de la medida cautelar que se recurre", ya que, "si bien no se puede descartar que con su conducta contribuyó a la realización de los hechos que le son imputados, no tienen la consistencia necesaria para acordar medidas cautelares reales, y ello sin perjuicio de que una vez completada la investigación y que de la misma se infiera una mayor participación en los hechos del apelante, se adopten las medidas cautelares que corresponden".

Otras fianzas anuladas

Cabe recordar que, en un auto dictado el 16 de noviembre, la Audiencia ya anuló las fianzas civiles impuestas por Alaya a otros siete imputados en el caso de los ERE, entre ellos el exconsejero de Innovación Martín Soler o el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, a quienes la magistrada impuso fianzas de 4.070.633,08 euros y 3.466.666,67 euros, respectivamente.

Asimismo, anuló las fianzas civiles impuestas al exsecretario general de Hacienda y exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón --1.995.000 euros-- y a cuatro miembros del Consejo Rector de la agencia IDEA.

Estos son el exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta entre 1986 y 1987 y presidente de Unicaja, Braulio Medel, a quien Alaya impuso una fianza civil de 482.790 euros; el ex secretario general de Universidades de la Consejería de Innovación José Domínguez Abascal --159.600 euros--; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético, con una fianza civil de 339.150 euros, y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoez --1.607.970 euros--.