La Corte Suprema de Brasil redefine las reglas del juicio contra Dilma Rousseff

• Ha anulado la elección de la comisión que debía juzgarla
• El Supremo ha decidido que esta no podrá ser secreta
• Rousseff está acusada de irregularidades fiscales en 2015

Dilma Roussef caminando por los jardines del Palacio del Planalto (Brasilia).

La Corte Suprema de Brasil ha determinado este jueves que la Cámara de Diputados elija nuevamente a los miembros de la comisión que analizará si existen razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Por una muy ajustada mayoría, los once magistrados del Supremo han decidido que la elección no podrá ser secreta y que cada partido político representado en la Cámara Baja postulará a los miembros de la comisión, que tendrán que ser elegidos en forma individual y no a través de listas.

De esa manera, la corte ha anulado la elección de los miembros de la comisión realizada el pasado día 8, cuando se presentaron dos listas de candidatos a integrar ese grupo y se impuso la propuesta por la oposición en un votación realizada bajo secreto.

Tras esta decisión de la corte, la Cámara de Diputados tendrá que decidir ahora para cuándo convocará la sesión en que se elegirán los nuevos miembros de la comisión.

La definición de esa fecha estará atada también a lo que decida el Parlamento sobre su tradicional receso de fin de año, que, según el calendario legislativo, comienza el próximo día 22 y se extiende hasta el 2 de febrero de 2016.

En los últimos días, tanto la Cámara de Diputados como el Senado han barajado la posibilidad de suspender o al menos recortar ese receso, pero aún no se han pronunciado oficialmente al respecto, por lo que el reinicio del proceso contra Rousseff pudiera quedar para el año próximo.

Si la mayoría calificada del pleno votase por la continuidad del proceso, la palabra pasaría el Senado, que examinaría la decisión adoptada por los diputados y podría optar por archivar la causa o iniciar lo que sería el propio juicio político.

En caso de que el Senado se incline por enjuiciar a Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días.