El Gobierno niega una discriminación a Andalucía por la financiación autonómica

• Lo ha dicho la vicepresidenta en el último Consejo de Ministros de la legislatura
• La I+D+i y la ayuda a los desempleados han copado la mayor inversión

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negado este viernes una posible discriminación a Andalucía ante las críticas de la presidenta de esta comunidad autónoma por la retirada de 265 millones de euros en las transferencias que recibe esta comunidad autónoma. En Consejo de Ministros, el último de la legislatura, la vicepresidenta también ha anunciado una inversión millonaria para, entre otras cosas, Investigación, Desarrollo e investigación y para parados de larga duración.

La retirada de los 265 millones del modelo de financiación autonómica corresponde a la liquidación negativa de 2013 y la vicepresidenta del Gobierno ha defendido que se trata del "estricto cumplimiento de la ley" y ha negado cualquier tipo de "discriminación".

Sáenz de Santamaría ha reaccionado así a las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que este jueves ha censurado el "tajo" metido en las transferencias a cuenta y ha criticado que se haya hecho sin un aviso previo, con "alevosía y secretismo", toda vez que en una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, éste se comprometió a estudiar esa devolución y a que, en caso de tener que hacerla, dividirla en plazos.

Además, la vicepresidenta considera que "si por algo se ha caracterizado el Gobierno en estos cuatro años" ha sido por prestar el "máximo apoyo" a las comunidades autónomas en el cumplimiento de sus obligaciones y, al hilo de ello, ha destacado que esa labor se ha centrado especialmente en "satisfacer un volumen importante de servicios públicos dependientes de las comunidades autónomas cuya financiación ha sido garantizada por el Gobierno".

La portavoz del Gobierno ha incidido en esa línea señalando que el Gobierno ha desarrollado esa política a lo largo de la legislatura "no con palabras sino con hechos" y ha recalcado el "apoyo a todas las comunidades autónomas en la gestión de servicios públicos esenciales".

Al hilo de ello, ha defendido que Andalucía una de las comunidades "más beneficiada de los distintos programas del FLA y pago proveedores" y que siempre se ha trabajado con la región "buscando la máxima colaboración".

I+D+i y parados de larga duración

El Consejo de Ministros también ha apostado por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) con una inversión "cercana a los 800 millones de euros", según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Este fondo "está dedicado a convenios que implican nuevos proyectos de investigación, equipamientos para infraestructuras científicas, y un importante fortalecimiento de nuestra presencia en organismos internacionales", ha dicho.

La convocatoria tiene por objeto aumentar la colaboración entre empresas y organismos de investigación "para promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios", una colaboración que es "esencial para optimizar la ciencia y la innovación", ha dicho la vicepresidenta

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado el reparto de 77,5 millones de euros entre las comunidades autónomas en el marco del programa de ayuda a parados de larga duración sin ingresos vigente desde hace casi un año. Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, el presupuesto total de este programa para este año era de 129 millones de euros.

El 40% de estos fondos (51,5 millones de euros) ya fueron asignados el pasado mes de junio y este viernes se ha aprobado el reparto del 60% restante, en concreto 77,5 millones de euros. Los fondos son repartidos entre las comunidades autónomas en función de la inserción de beneficiarios en el programa que haya tenido cada una y de la desviación de la media exigida.

La vicepresidenta ha destacado que el programa actual cuenta con 82.000 beneficiarios y ha logrado un porcentaje de inserción laboral del 13,8%, "cinco veces más que el promedio de inserción de desempleados" (2,7%).

Este programa, vigente desde mediados de enero, incluye una ayuda económica de 426 euros mensuales (80% del Iprem) durante un máximo de seis meses, a la que pueden acceder los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones, tengan cargas familiares y cumplan determinados requisitos. El programa va ligado a un compromiso de actividad, para lo que los beneficiarios inician un itinerario personalizado de inserción.

Sorteo extraordinario de la ONCE y accidentes de tráfico

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a la modificación del acuerdo con la ONCE, que permite que esta organización celebre cada 1 de enero un sorteo extraordinario (hasta 2012) o pueda comercializar productos conjuntos y propios de lotería en otros países con el compromiso de dedicar una parte de los ingresos en favor de personas con discapacidad en otros países.

Se trata del Acuerdo entre el Ejecutivo y la ONCE "en materia de cooperación, solidaridad, competitividad y estabilidad del futuro de la ONCE", según ha explicado la vicepresidenta. En el acuerdo se contempla la creación del grupo empresarial de la ONCE y su fundación, que, tal y como ha indicado la 'número dos' del Ejecutivo, este nuevo grupo "nace con un carácter totalmente social, orientado a la creación de empleo para personas con capacidades diferentes en proyectos empresariales sostenibles económicamente en el tiempo".

Otra de las medidas aprobadas este viernes ha sido un Real Decreto por el que se regula la realización de pericias por parte de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) a petición de particulares en los casos de reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. Entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y se aplicará a los accidentes de circulación que tengan lugar a partir de esa fecha.

La norma supone la incorporación de un nuevo mecanismo al servicio del ciudadano en aquellos accidentes en los que se produzca un daño corporal indemnizable y ofrece una vía alternativa a la judicial civil para que los perjudicados y las compañías de seguros puedan llegar a un acuerdo sobre la indemnización en el caso de accidentes de circulación, agiliza el procedimiento y permite al perjudicado cobrar antes y ahorrarse los costes que pudiera tener la interposición de la demanda, según destaca Justicia.

Para ello se prevé que, en caso de no conformidad del perjudicado con la oferta motivada de indemnización que le haga la compañía de seguros, las partes puedan solicitar una pericia de los daños corporales sufridos a los IMLCF.

Modificación de los Estatutos del ICO

También se ha aprobado el Real Decreto por el que se modifican determinados preceptos de los Estatutos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de introducir mejoras de gobierno corporativo en su funcionamiento, como la introducción de criterios objetivos de selección de los cuatro consejeros independientes como el prestigio y la capacitación.

Esta norma desarrolla lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público del pasado mes de octubre, en la que se dio entrada por primera vez a cuatro consejeros independientes en la agencia financiera del Estado. Además, ahora se explicitan en norma reglamentaria las incompatibilidades y el mandato por tres años prorrogable a otros tres por una sola vez.

Los consejeros independientes tendrán además doble voto cuando se trate de asuntos propios del negocio del financiero y serán por tanto mayoría en el consejo. Los requisitos para ser nombrado consejero independiente se refieren a la reconocida honorabilidad comercial y profesional, tener conocimientos y experiencia adecuados, no incurrir en potenciales conflictos de interés permanentes y abstenerse de desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva con el ICO, entre otros.

El cese del consejero se podrá producir por renuncia aceptada por el ministro de Economía y Competitividad, por expiración del mandato en e caso de los vocales independientes o por cese en el caso en su cargo público de los vocales procedentes de este sector. La ausencia sobrevenida de idoneidad en el caso de los independientes también será causa de baja, así como por incumplimiento grave de los deberes de confidencialidad o haber incurrido en conflicto de interés.