La Fiscalía pide tres años de cárcel por administración desleal para tres exdirectivos de la CAI

• También solicita una fianza conjunta de 18 millones de euros
• La caja aragonesa -ahora absorbida por Ibercaja- les demandó hace tres años
• La petición fiscal, lejos de los 16 años de prisión que piden las acusaciones

Uno de los encausados, Tomás García Montes, ex director general de la caja, durante su comparecencia en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón.

El fiscal ha pedido tres años de cárcel para cada uno de los tres exdirectivos de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI) -entre ellos su ex director general Tomás García Montes- encausados por un presunto delito de administración desleal. Además, solicita el pago de una fianza conjunta de 18 millones de euros.

García Montes fue nombrado director general de la CAI en 2005 y destituido en 2009, por lo que percibió una millonaria y polémica compensación económica. Los otros dos acusados son un exejecutivo en Madrid de la entidad financiera aragonesa -que se integró en Caja 3, una entidad finalmente absorbida por Ibercaja- y otro directivo que fue socio de la caja en negocios inmobiliarios en Andalucía.

Las acusaciones piden 16 años de prisión

Esas penas de prisión solicitadas por el fiscal están lejos de los 16 años que reclaman la acusaciones, la propia CAI y la Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (ASIPA- CIC) para cada uno, al considerarles culpables no sólo de administración desleal, sino de apropiación indebida y -en el caso de la organización sindical- de estafa.

La petición fiscal ha transcendido después de conocerse el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado día 21 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, que ha investigado estos hechos durante los tres últimos años tras ser denunciados en 2012 por la antigua caja, que les reclamó 12,6 millones de euros.

Fuentes de Asipa-Aragón han señalado a Efe que prevé presentar otra querella contra estos tres exdirectivos y "alguno más" con la nueva documentación que ha conseguido reunir sobre la gestión de la desaparecida caja, que fue la segunda entidad financiera de esa comunidad autónoma.

Las Cortes de Aragón crearon una comisión de investigación sobre la fallida gestión de la caja, pero no encontró indicios de infracciones penales.

Los parlamentarios -ante los que comparecieron los acusados, junto a otras cuarenta personas- concluyeron la comisión de investigación con un dictamen en el que se reconocían, entre otras deficiencias, la ausencia de control del desmedido riesgo inmobiliario adquirido por la entidad y el poder excesivo de la dirección ejecutiva.