Tragsa reducirá el número de despedidos del expediente de regulación de empleo que avaló el Tribunal Supremo

• El Supremo declaró ajustado a derecho el ERE para 726 trabajadores
• La empresa todavía no ha cuantificado el número final de despedidos

Trabajadores de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Laza protestan en Ourense (Archivo)

La dirección del grupo Tragsa ha anunciado que reducirá el número de despidos autorizados en la sentencia del Tribunal Supremo, que declaraba ajustado a derecho el expediente de regulación de empleo (ERE) para 726 trabajadores indefinidos por razones económicas, productivas y organizativas con una indemnización de 20 días por año.

La empresa todavía no ha cuantificado el número final de despedidos pero ha señalado que, tras consultar a los servicios jurídicos del Estado, "procederá a modular el número de extinciones de contratos inicialmente previsto", en función de las actuales circunstancias productivas, económicas y organizativas, lo que reducirá el número de despidos autorizados en la sentencia del Alto Tribunal.

Tragsa ha comunicado oficialmente a los sindicatos su intención de ejecutar la sentencia del Supremo sobre el ERE, el mayor ajuste de plantilla en una empresa pública española.

En concreto, el Supremo acordó por unanimidad estimar el recurso de casación de la compañía, revocando la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE de Tragsa y de Tragsatec, que afectaba a más de 1.300 trabajadores.

Tragsa ha señalado que a lo largo de este proceso estuvo "siempre abierta" a la negociación y apostó por "alcanzar acuerdos tendentes" a atenuar el impacto de las medidas de ajuste y reestructuración.

El pasado mes de junio, antes de conocerse la sentencia, la empresa propuso a la representación social un plan de viabilidad a cinco años que constaba de medidas voluntarias y no traumáticas, y de flexibilidad laboral, pero que "no" fue aceptado por los representantes de los trabajadores.

Tragsa ha explicado que el retraso de dos años en la aplicación de medidas de reestructuración y de reducción del gasto de personal debido al proceso judicial pendiente elevó las ineficiencias productivas y organizativas del grupo, provocando una situación de pérdidas que la ejecución de la sentencia permite resolver.