Goldman Sachs pagará 5.100 millones para cerrar el caso de las hipotecas basura

• Otros gigantes del sector financiero alcanzaron acuerdos del mismo tipo en los últimos años
• Tiene previsto presentar sus beneficios del último trimestre de 2015 este mes

Imagen del logo del banco de inversión Goldman Sachs en el parqué de la Bolsa de Nueva York.

El banco de inversión Goldman Sachs Ha anunciado este jueves que ha aceptado pagar unos 5.100 millones de dólares para poner fin a las investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre sus ventas de productos respaldados por hipotecas basura entre 2005 y 2007.

En un comunicado, la compañía ha explicado que ha alcanzado un "principio de acuerdo" con las autoridades, por el que se cerrarían varios casos abiertos en relación con sus prácticas en los años previos a la crisis financiera.

Goldman Sachs pagará para ello una multa de 2.385 millones de dólares, abonará 875 millones en efectivo y ofrecerá una asistencia de 1.800 millones de dólares a consumidores afectados en forma de condonación de deudas y refinanciaciones.

Dentro de esa última cantidad también se incluyen inversiones en programas de construcción y rehabilitación de vivienda asequible y para la prevención de desahucios, entre otras ayudas.

El banco anunció que el acuerdo tendrá un impacto negativo de 1.500 millones de dólares después de impuestos en sus beneficios del último trimestre de 2015, que tiene previsto presentar este mes.

No es el único caso

Otros gigantes del sector financiero habían alcanzado con el Gobierno de Estados Unidos acuerdos del mismo tipo en los últimos años.

Bank of America, por ejemplo, acordó en 2014 el pago de una histórica multa de 16.500 millones de dólares por su papel en la comercialización y venta de activos respaldados por hipotecas basura previa a la crisis.

Mientras, Citigroup acordó abonar 7.000 millones de dólares y aceptó pagar JP Morgan por 13.000 millones de dólares, también por sus malas prácticas hipotecarias.

En el caso de Goldman Sachs, el pacto resolverá expedientes impulsados por el Departamento de Justicia, las fiscalías generales de los estados de Nueva York e Illinois y varias organizaciones en relación con su gestión de este tipo de productos entre 2005 y 2007