CC.OO. y UGT piden suprimir el artículo del Código Penal que establece el delito de coacciones en la huelga

• Creen que hay "mayoría suficiente" en el Parlamento para suprimir el artículo 315.3
• 8 sindicalistas de Airbus se enfrentan a 8 años de cárcel por participar en un piquete

Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez (Archivo).

Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, creen que hay una "mayoría suficiente" dentro de la nueva composición del Parlamento para suprimir el artículo 315.3 del Código Penal, que establece el delito de coacciones en la huelga, en el que se basan las acusaciones por las que a 300 sindicalistas y trabajadores se les piden penas de cárcel y otras sanciones administrativas tras intervenir en procesos de huelga.

El artículo 315.3 del Código Penal indica que "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses".

Así lo han manifestado en un acto organizado con motivo del juicio que empezará el próximo 9 de febrero contra ocho sindicalistas de la empresa Airbus por su participación en un piquete durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para los que el fiscal pide 8 años y 3 meses para cada uno.

En declaraciones a los periodistas, Méndez ha señalado que el acto supone una defensa de la honestidad y de la dignidad de las personas, no sólo de los ocho sindicalistas de Airbus, sino también de otros 300 acusados por participar en el ejercicio constitucional del derecho de huelga, "que tienen menoscabada su dignidad y amenazada su libertad". Méndez ha exigido que cesen estas actitudes y que se restituya la dignidad de los afectados.

Asimismo, ha subrayado su defensa de la Constitución cuyo texto protege el derecho de huelga y ha hecho un llamamiento al Parlamento para que con carácter de urgencia tome medidas para resolver la emergencia social y, simultáneamente, derogue el artículo 315.3 del Código Penal y se reafirme el valor del derecho a la huelga.

En la misma línea, Toxo ha pedido la derogación del artículo del Código Penal, "que da sustancia a las peticiones fiscales y que representa un claro atentado contra el derecho de huelga". A su juicio, un principio fundamental que hay que proteger y sin el cual no hay un equilibrio posible en las relaciones laborales.