El subsecretario de Presidencia pactó compensar ilegalmente a FCC, según varios testigos del caso Acuamed

• Se pactó una "compensación indebida" de 40 millones a la constructora
• Varios testigos exempleados de Acuamed se lo han dicho al juez Velasco
• Investiga el fraude en la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas

La Guardia Civil registra la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos, participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones a la constructora que luego se consignó en los presupuestos del Estado de 2015.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, varios testigos exempleados de la empresa pública Acuamed, investigada por fraude, algunos de ellos ingenieros, afirmaron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que esa reunión se celebró en el Ministerio de Agricultura y que a ella acudió Ramos.

En ese encuentro se acordó supuestamente con FCC una compensación supuestamente ilegal de 40 millones de euros, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales de 2015, según afirma el juez Velasco.

Esta es uno de las posibles ilegalidades que investiga el juez en el caso Acuamed y que este miércoles reflejó en su auto enviando a prisión incondicional a cinco de los trece detenidos el pasado lunes por este fraude, entre ellos el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo del Puerto.

Un contrato con partidas "irreales"

Esta supuesta compensación se pactó dentro de un contrato concedido a la UTE formada por FCC y Abengoa, el de la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería.

Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40% de su valor y que FCC pagara el 60% (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran "responsabilidad de la Administración".

La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto "mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio" de Agricultura, del que depende la empresa pública.

Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas "irreales".

"Compensación indebida" cubierta en los presupuestos de 2015

Según Velasco, se previó cubrir esa "compensación indebida" pactada "entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio", entre ellos Ramos, en los presupuestos generales del Estado de 2015.

Aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se "persistió" en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.

Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016 "a una compensación de 8 y 14 millones", asegura el juez, y las fuentes consultadas hoy han detallado que esa reducción se debió a que se rebajó en un 8 % el conjunto del presupuesto destinado en las cuentas de este año a Acuamed.

Detención de 13 personas

Esta investigación a Acuamed desembocó en la detención el pasado lunes de 13 personas y en varios registros a domicilios relacionados con los arrestados, entre ellos el del director general de la empresa pública.

En el domicilio de Arcadio Mateo se encontraron, según las mismas fuentes, 120.000 euros en billetes de 500 euros guardados en libros.

Según el juez, Mateo urdió desde mediados de 2014 "un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de 'presiones') para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades" para conceder contratos.

"A cambio,  recibía regalos en especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía...-, a favor de diversos contratistas de obra pública".

En concreto,  se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea, en los que los empresarios, explica el auto, "presionaban" a los directivos de la empresa pública "para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades".