Bruselas propone endurecer el control de emisiones e imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo

• Las sanciones dependerían de la gravedad y la amplitud del incumplimiento
• Quiere un sistema adicional de control sobre vehículos ya homologados y en circulación

Entrada de la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

La Comisión Europea propone endurecer los controles de emisiones de los vehículos e imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo a los fabricantes de automóviles que violen la normativa europea de homologación con voluntad de engaño, "por ejemplo, con mecanismos de trucaje o declaraciones falsas", especifica Bruselas en la propuesta presentada este miércoles. La propia Comisión se encargaría de sancionar a las compañías si el Estado afectado no lo hace.

Antes de ser aprobado como norma europea, este documento tiene que ser ahora negociado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los países en Bruselas.

El Ejecutivo comunitario también quiere multar a los servicios técnicos que no realicen pruebas rigurosas de emisiones y suspender la licencia de homologación a aquellos servicios técnicos que sean "laxos" en la aplicación de las normas.

La cantidad de cada sanción dependería de la gravedad y la amplitud del incumplimiento, una escala que debería detallarse en una norma específica de la Comisión Europea, según el documento presentado.

Katainen: "Hay que reforzar las reglas y asegurar que se respetan"

"Para recuperar la confianza de los consumidores en este sector necesitamos reforzar las reglas y asegurar que se respetan. Es esencial para la igualdad de condiciones y una competencia justa en el mercado", ha destacado el vicepresidente de la Comisión para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen.

El escándalo estapado en EE.UU. sobre los millones de vehículos trucados por Volkswagen para que parecieran menos contaminantes ha puesto de manifiesto las graves deficiencias de los sistemas de control europeos, cuya responsabilidad está actualmente en manos de los países.

Bruselas también propone fijar un sistema de control de los vehículos ya homologados, mediante controles de los Estados y de la propia Comisión a automóviles que ya estén en circulación.

Según su propuesta, las autoridades nacionales -que seguirán siendo responsables de conceder la homologación a un vehículo en función de los resultados de las pruebas realizadas por los servicios técnicos autorizados- serán sometidas a auditorías regulares e independientes, y deberán pasar exámenes para asegurar que se cumplen "rigurosamente" las normas.

Este texto mantiene la obligación actual de los Estados de multar en caso de incumplimiento y les añade otra obligación más: la de informar anualmente a Bruselas de las multas que hayan impuesto, reservándose ahora poderes de sanción para el caso de que los Gobiernos no actúen.

También insta a modificar el sistema actual de vigilancia para evitar "vínculos financieros" entre los servicios técnicos autorizados a realizar controles y los fabricantes de automóviles.