El juez del 'caso Nóos' autoriza a Urdangarin a vender dos pisos en Palma

• El juez Castro ha levantado el embargo sobre la mitad indivisa de estos bienes
• Señala en el auto que es "un precio escaso" en el que hay que considerar "la crisis"
• Urdangarin deberá consignar 27.000 euros en el juzgado en concepto de fianza

Iñaki Urdangarin, a su llegada a los Juzgados de Palma.

El juez José Castro ha autorizado a Iñaki Urdangarin a vender por 250.000 euros los dos pisos, trasteros y plazas de aparcamiento que posee en Palma a nombre de Aizoon, la empresa que comparte al 50% con su esposa la infanta Cristina, tras levantar el embargo que pesaba sobre la mitad indivisa de todos ellos en el marco del caso Nóos.

La decisión se produce días después de que el marido de la infanta Cristina presentara un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que advertía del "peligro" de que los interesados en los inmuebles pudieran haber abandonado su interés" en adquirirlos, alegando no haber recibido ninguna nueva notificación judicial de cara a serle autorizada la venta de los inmuebles, valorados en un total de 316.907 euros.

Castro ha dictado un auto en el que permite la enajenación de los inmuebles, que tras la cancelación de la hipoteca pendiente y el abono de la comisión al intermediario representará la consignación en el juzgado de casi 27.000 euros en concepto de fianza.

El juzgado de instrucción 3 de Palma, que dirigió la investigación del caso de presunta corrupción cuyo juicio comenzó el pasado día 11 ante la audiencia de Palma, tramita la pieza separada de responsabilidad civil, en la que se fijó para Urdangarin una fianza de 13,6 millones de euros.

Un precio "escaso" por "la crisis del mercado inmobiliario"

"El precio de 250.000 euros, aunque ciertamente escaso, representa una oferta seria que en las condiciones actuales es aceptable, tanto más cuando absolutamente ninguna de las partes acusadoras ha manifestado lo contrario tras que se diera traslado del informe de tasación", indica en juez en su escrito.

Castro, que pidió la tasación a instancias de la Abogacía del Estado, señala que hay que considerar "que la crisis del mercado inmobiliario aún no ha desaparecido por completo y que la urgencia por vender siempre se traduce en una lógica depreciación del bien que se pretende enajenar".

El juez recuerda que su argumentación es similar a la que aplicó en marzo del año pasado cuando permitió a Urdangarin y la infanta Cristina vender por 6,9 millones de euros el chalé que habían adquirido como residencia familiar en el barrio barcelonés de Pedralbes.

La solicitud de venta autorizada, necesaria debido al embargo que pesa sobre todas sus propiedades, la formuló la defensa de Urdangarin el 22 de octubre del año pasado.

Castro pide precisiones a Diego Torres

El marido de la infanta planteaba que de los 250.000 euros que cobraría por los pisos, situados cerca del Paseo Marítimo de Palma, habría que detraer 14.500 euros para el intermediario y 200.550 para saldar hipotecas.

A ello se añadiría el pago del impuesto municipal sobre la plusvalía, por un total de 6.048 euros, y el abono de las últimas cuotas mensuales de las hipotecas, próximas ambas a los 1.000 euros, con lo que la cifra total neta y final de la operación de compraventa sería de 26.963,35 euros para aportar al juzgado.

Además de permitir la operación, ordenar el levantamiento del embargo de los pisos y pedir justificación documental de los pagos, Castro se dirige en su auto de a la defensa de Diego Torres, exsocio de Urdangarin en Nóos, para pedirle precisiones sobre su solicitud de desbloqueo de fondos monetarios embargados.

El juicio del caso Nóos, que arrancó el 11 de enero con una sesión íntegramente dedicada a las cuestiones previas en la que la infanta Cristina se sentó en el banquillo junto a los otros 17 acusados, se reiniciará el 9 de febrero.

Antes, el tribunal de la Audiencia de Palma que enjuicia la presunta trama de corrupción en torno al Instituto Nóos, deberá resolver sobre la petición de la defensa de la infanta de que se levanten las imputaciones de delito fiscal que pesan sobre ella por la falta de legitimación de la acusación popular de Manos Limpias para ejercer esa función en solitario.