Blesa y Sánchez Barcoj, citados a declarar como investigados por las retribuciones de la alta dirección de Caja Madrid

• La causa nace de una denuncia presentada por Anticorrupción en enero de 2015
• Los pagos pudieron suponer un perjuicio para la entidad de unos 14 millones
• Algunos hechos pueden "ser constitutivos de delito de administración desleal"

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el ex director financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, declararán el próximo 24 de febrero en calidad de investigados (término que sustituye a imputado según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) por posibles irregularidades en las retribuciones de los directivos de Caja Madrid entre los años 2007 y 2010, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La citación obedece a una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en enero de 2015 por las retribuciones que percibió la cúpula de la caja, que pudieron suponer un perjuicio económico para la entidad de unos 14 millones de euros y "ser constitutivos de delito de administración desleal". La Fiscalía, además, pide la citación del autor del informe que permitió la confección por parte del Fondo de Reestructuracón Ordenada Bancaria (FROB) del expediente en el que se basa la querella, para que lo ratifique.

En ese expediente del FROB, enviado a la Fiscalía el 30 de diciembre de 2014, se incluía un informe forensic elaborado por Pricewaterhouse Coopers (PwC) en el que se reflejaban y analizaban cuatro tipos de actuaciones concretas en las que se pudo producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de retribuciones excesivas y en el que se reflejaban "algunas irregularidades" que podían tener "trascendencia penal". En algunos casos incluso no había constancia del cumplimiento de trámites, como el paso por los órganos de gobierno.

Expediente del FROB

Según la denuncia de la Fiscalía, el FROB señalaba en su expediente que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de la caja una subida salarial significativamente mayor que la que debía (se acordó un incremento del 4,5%) y que finalmente fue del 16% para los nueve directivos que seguían en Caja Madrid en 2008 al tomar como referencia para el aumento una masa salarial mayor que la que existía en ese momento (el aumento global se repartió entre un menor número de miembros).

Como consecuencia de lo anterior, la retribución fija de esos directivos ha supuesto una posible percepción indebida de algo más de 2 millones desde 2008 hasta la finalización de sus servicios con Caja Madrid. Y, además, provocó el abono indebido de otros 935.047 euros en concepto de retribución variable. "Asimismo, tampoco se ha encontrado justificación del pago de otro componente de la retribución variable (...), la consecución de objetivos fijados, y que ascendió a 869.700 euros", señala la Fiscalía.

De la misma manera, según la denuncia, el informe ha detectado una práctica en relación con las aportaciones al plan de pensiones de Caja Madrid, ya que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible del IRPF por una gratificación extraordinaria, y que ha podido suponer un perjuicio de unos 1,83 millones para la entidad.

Por último, se han detectado posibles irregularidades en la extinción de contratos a cuatro altos directivos, así como en los pagos que en diversos conceptos se realizaron a estas personas, fundamentalmente en 2009 y 2010. El posible perjuicio económico para la entidad podría alcanzar por este concepto al menos 7,8 millones, según la denuncia de la Fiscalía.

En concreto, la denuncia menciona el pago de 2,89 millones a Enrique de la Torre en 2009; el abono de 2,73 millones a Miguel Blesa en 2010; el pago de 1,96 millones a Ricardo Morado por su cese en 2010; y una indemnización de 273.125 euros a Rafael Spottorno por parte de la Fundación Caja Madrid en marzo de 2011.

Retraso en la tramitación del asunto

Este nuevo procedimiento relacionado con presuntas irregularidades en Caja Madrid permanecía guardado en un cajón desde hace más de un año debido a que el Juzgado en el que recayó ha sufrido varios cambios de titular.

El retraso en la tramitación de este asunto ha merecido varios escritos de queja por parte del fiscal anticorrupción Conrado Sáiz, quien el pasado mes de septiembre se dirigió al juzgado interesando que se diera un impulso de una vez a este asunto y se citara a declarar de una vez como imputados a ambos directivos.

Las citaciones que se realizaron hace algunas semanas no dieron resultados, por lo que la juez ha optado por emplazar directamente a los investigados para notificarle la fecha de su declaración.