El TC admite los recursos de Cataluña y País Vasco contra la reforma que prevé la suspensión de altos cargos

• El PP impulsó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
• La reforma prevé la suspensión de cargos si incumplen las sentencias del TC
• También ha admitido a trámite el recurso contra la Ley de Seguridad Nacional

Fachada del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Vasco presentaron contra la reforma de este tribunal, que prevé un incidente de ejecución con sanciones como suspensiones de altos cargos o multas en caso de que se incumplan sus sentencias.

Las iniciativas de ambos ejecutivos, admitidas a trámite ahora por el pleno del tribunal de garantías, darán la oportunidad al TC de pronunciarse sobre la reforma que el Ejecutivo y la mayoría popular en el Congreso promovieron, y que puso a la institución en primera línea contra las iniciativas independentistas catalanas.

El Tribunal Constitucional, que también ha admitido a trámite el recurso presentado en diciembre por el Govern catalán contra la Ley de Seguridad Nacional, ha notificado este viernes a la Generalitat, al Gobierno Vasco, al Ejecutivo central, al Congreso y al Senado la providencia en la que admite a trámite los recursos, una decisión que no prejuzga la decisión que tomará sobre el fondo del asunto.

Recurso del Govern catalán

El PP promovió en septiembre una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que le concede al TC capacidad sancionadora cautelar para ejecutar el cumplimiento de sus sentencias.

Así, abre la puerta a la posibilidad de que el alto tribunal pueda multar o incluso suspender de sus funciones al presidente de la Generalitat y a cualquier persona o autoridad que vulnere sus sentencias.

El recurso de inconstitucionalidad argumenta que la reforma de la ley que regula al TC es un "cambio cualitativo importante en las funciones encomendadas a la institución" que "puede alterar el equilibrio y el juego de contrapesos con el resto de poderes del Estado".

Para el Govern catalán, la reforma "vulnera las garantías constitucionales del derecho sancionador en relación con el principio de legalidad y excede la definición del ámbito de jurisdicción del TC que ha hecho la Constitución".

En relación a la ley de seguridad nacional, tras recibir las alegaciones de las partes, el TC resolverá si los tres artículos impugnados por la Generalitat invaden competencias que corresponderían al gobierno catalán. Los artículos impugnados de la ley (el 4.3, el 15c y el 24) estipulan que la presidencia del Gobierno es la única competente para el diseño de la estrategia de seguridad nacional y las normas que de ella se deriven.

El gobierno de la Generalitat, por su parte, considera que esos artículos son inconstitucionales porque dejan fuera del diseño de la estrategia de seguridad a administraciones que, como la suya, tienen competencias concurrentes en materia de seguridad pública.