El juez mantiene imputados por blanqueo a seis concejales del PP de Valencia y dos asesores

• Dos de los ocho investigados por blanqueo se han negado a declarar ante el juez
• Apelan al secreto de sumario para no hablar del caso y de su situación en el PP
• Se investiga la supuesta trama corrupta de comisiones por contratos públicos

La concejal del 'popular' en el Ayuntamiento de Valencia Lourdes Mengual, a su salida de la Ciudad de la Justicia.

El magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el conocido como caso Imelsa, ha decidido mantener la condición de investigados por blanqueo -figura que sustituye al anterior término de imputado- de los seis ediles del PP en el Ayuntamiento y dos asesores a los que ha tomado declaración este lunes.

En esta jornada han declarado como investigados dos asesores y los ediles Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Mendoza y Félix Crespo. Dos de los ocho investigados por blanqueo que han comparecido ante el juez se han acogido a su derecho a no declarar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en la Comunitat Valenciana.

Las declaraciones se retomarán el miércoles con la declaración de un concejal, dos exediles y siete asesores, a partir de las 9:30 horas. Todos ellos están investigados por blanqueo.

La semana pasada, el juez ya interrogó a tres imputados y a cinco testigos; entre los investigados por blanqueo está el hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, el asesor Luis Salom y una tercera persona.

Esta investigación por blanqueo se deriva de la operación contra una supuesta trama de mordidas en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por supuestas adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales desde 2003.

La investigación policial detectó un supuesto caso de blanqueo, en el que se encuentran procesados los ediles populares, consistente en la petición de donaciones de 1.000 euros a cargos públicos y asesores para su posterior reintegro en efectivo (en dos billetes de 500 euros).

Según fuentes de la investigación, el grupo municipal del PP en Valencia pudo blanquear alrededor de 50.000 euros mediante este procedimiento antes de la última campaña de las elecciones municipales, el pasado mes de mayo.

Ninguno aclara si mantendrá el acta de concejal

A la salida, los seis concejales del PP que han comparecido ante el juez este lunes han apelado al secreto de sumario para no hablar del caso y de su situación en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia ante las preguntas que les hacían los periodistas. Asimismo, ninguno de ellos ha precisado si mantendrá el acta de edil en el consistorio y la mayoría ha eludido las preguntas al respecto.

Cuatro de ellos han abandonado la Ciudad de la Justicia por la puerta trasera, tres de ellos casi de forma simultánea (Bernal por la delantera y Crespo y Mendoza por la trasera), de forma que sólo Lourdes Bernal y Cristóbal Grau han salido del juzgado por la puerta principal.

Únicamente, Cristóbal Grau ha atendido de forma breve a los periodistas, a quienes ha comunicado que, cuando se levante el secreto de sumario, adoptará la "decisión que considere oportuna".

Sin detenerse, la concejal Beatriz Simón ha expresado su confianza en que "todo se aclare pronto" y ha afirmado que ha dicho al juez "lo mismo que el primer día". No ha aclarado, sin embargo, si estaría dispuesta a renunciar al acta de concejal y, preguntada por si cree que la exalcaldesa Rita Barberá conocía el supuesto blanqueo ha contestado: "No lo sé, dejadme".

Horas después de abandonar el juzgado, el concejal Alberto Mendoza ha reconocido a Efe que donó mil euros al partido pero que no se le devolvió nada, por lo que no tiene constancia de blanqueo alguno. El que fuera concejal de Transportes se considera "ajeno a esta historia" y ha lamentado que se le meta "en el mismo saco que una supuesta trama de comisiones" cuando él gestionó un presupuesto de 150 millones al año "sin un solo pero".

Mendoza ha lamentado el "juicio mediático paralelo" al que se considera sometido junto al resto de sus compañeros de partido y ha expresado su intención de "replantearse su situación", porque "uno entra en política por convicción".

En total, constan como investigados 17 concejales y exconcejales y 21 asesores y exasesores del PP de Valencia.