Los 8 trabajadores de Airbus procesados por incidentes en la huelga general de 2010 niegan las acusaciones

• La Fiscalía pide 8 años y 3 meses de cárcel para cada uno de los acusados
• En aquel paro, los sindicalistas participaron en incidentes en la planta de Getafe
• Líderes sindicales y políticos participan en una manifestación de apoyo
• Hay unos 300 sindicalistas pendientes de juicios por participar en distintas huelgas

Comienza el juicio a los 8 trabajadores de Airbus procesados por incidentes en la huelga general de 2010

Los trabajadores conocidos como los ocho de Airbus han negado este martes que agredieran a los agentes de policía,  impidiesen la entrada a los trabajadores a la fábrica o diesen instrucciones para ello. Lo han hecho durante su declaración este martes en la apertura del juicio oral en la Sala de lo Penal número 1 de los Juzgados de Getafe por los altercados producidos en la planta de Airbus en Getafe durante la huelga general convocada contra la reforma laboral de Zapatero en 2010.

Los ochos trabajadores están acusados de varios delitos de atentado, lesiones y contra el derecho de los trabajadores, por los que la Fiscalía pide para cada uno de ellos penas de ocho años y tres meses de prisión.

Este martes han declarado los ocho acusados y en los próximos días lo harán los 10 agentes de Policía implicados en los altercados, que sostienen haber sufrido lesiones en los incidentes ocurridos durante la huelga. El juicio se alargará hasta el viernes 12, cuando se espera quede visto para sentencia.

"Nadie impidió la entrada de trabajadores"

Pasadas las 10.30 de la mañana ha comenzado a declarar el primero de los acusados, el que era presidente del Comité interempresas en el momento de los hechos, José Alcázar, quien ha explicado que aquel 29 de septiembre "quien quería entrar entró" a su puesto de trabajo y que nadie lo evitó, aunque ha asegurado que le sorprendió "la presencia de antidisturbios".

Mientras, el que fuera presidente del comité de empresa de Airbus en Getafe, Tomás García, ha negado "rotundamente" que se impidiera la entrada de los trabajadores a la fábrica y ha explicado que, "después del tumulto y los disparos", los policías "estaban muy inquietos", aunque ha asegurado desconocer lo que motivó los altercados.

Por su parte, Enrique Gil, que era miembro del comité de empresa, ha afirmado que jamás se dieron instrucciones para impedir la entrada a la fábrica y que, aunque llevaba un megáfono, "una huelga es casi un día de fiesta, no usamos el megáfono para dar consignas".

"Todo ocurrió muy rápido y la situación era muy confusa" en el momento de tumulto, ha dicho Gil, que ha negado todos los cargos y ha asegurado que no agredió "a ninguno de los agentes".

Golpes durante la carga policial

Otro de los acusados,  Rodolfo Malo, ha explicado que no sabe cómo comenzaron los disturbios, ya que él estaba dentro de la fábrica en ese momento y, posteriormente, recibió un golpe durante la carga policial, por lo que estaba confuso y fue a recibir asistencia médica.

Jerónimo Martín, montador de aeronaves sin responsabilidad sindical en el momento de los hechos, ha indicado que vio el tumulto desde fuera y que se acercó a la puerta para ver qué pasaba, y quedó "en medio" de los trabajadores concentrados y los agentes antidisturbios. En aquel momento, Martín ha indicado que, en la parte interior de la puerta de la factoría, recibió "un palazo en la cabeza" por el cual quedó "medio inconsciente" y fue trasladado al botiquín de la empresa "sangrando como un gorrino". Por esa atención médica considera que fue identificado por la policía para ser posteriormente denunciado.

Edgar Martín, trabajador sin responsabilidad sindical, ha manifestado que recibió golpes "en el hombro y la espalda", pero que no se planteó denunciar a la policía y que, pese a que no vio al autor de los golpes, el servicio médico de Airbus le aseguró que habían sido producidos por una porra.

Como Jerónimo Martín, ha indicado que había en la empresa diversos carteles con su fotografía por haberse presentado a las elecciones sindicales por Comisiones Obreras.

En la misma línea que sus compañeros ha respondido Armando Barco, trabajador de Airbus y sin responsabilidad sindical, que ha explicado que se fue a tomar un café y cuando volvió se encontró con el altercado que se desplazaba al interior de la factoría.

CC.OO. y UGT: "España se juega mucho en este juicio"

Durante la vista han estado presentes en la sala varios líderes de PSOE, Izquierda Unida, Podemos y En Marea, así como los máximos responsables de los sindicatos UGT y CC.OO.

Antes del juicio, esos dirigentes sindicales y políticos se han concentrado a las puertas de la factoría de Airbus en Getafe y han encabezado la manifestación en apoyo a los ocho sindicalistas de Airbus.

Allí, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha considerado que España "se juega mucho" en el juicio de los 8 de Airbus, sobre los que pesa una acusación "absolutamente desproporcionada" que en realidad busca "atacar el derecho de huelga".

Según Toxo, contra los sindicalistas pesa una acusación "radicalmente falsa", algo que "quedará demostrado" en el juicio.

"Se incrimina a los trabajadores para atacar el derecho de huelga, como se ha hecho con el derecho de manifestación con la 'ley Mordaza'", ha afirmado Toxo.

A su juicio, esto demuestra que España está "en un momento muy delicado, en una suerte de encrucijada", donde la crisis "ha operado como caldo de cultivo para producir un retroceso a tiempos que creíamos absolutamente sobrepasados" por la historia.

La crisis -ha continuado Toxo- ha tenido "secuelas muy negativas en términos económicos y sociales, de empobrecimiento de la población, desempleo masivo y crecimiento de las desigualdades" y, "para evitar la reacción ciudadana, se pretende limitar el cuadro de derechos e intimidar a la gente que decida manifestarse o hacer huelga".

"Sin duda, estamos ante una situación de crisis de las libertades y la democracia en este país, no es sólo un envite en el ámbito sindical. Afecta al ejercicio de un derecho fundamental, la huelga, respaldado explícitamente por la Constitución", ha recordado, por su parte, el líder de UGT.

Cándido Méndez ha comentado que el país se juega "en este envite" el mantenimiento de las libertades y los derechos o la entrada en un concepto de "democracia y libertad restringido".

Méndez ha manifestado su confianza en que se proclame la inocencia de los trabajadores afectados y en que el Parlamento derogue el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, una "infamia" que reduce las garantías de los derechos constitucionales.

Partidos de izquierda piden la modificación del Código Penal

También han acudido a la convocatoria responsables del PSOE, como su secretario de Organización, César Luena, y su responsable en Madrid y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, así como el coordinador general de IU, Cayo Lara, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el de relación con la sociedad civil de esa formación, Rafa Mayoral, y la diputada de En Marea Yolanda Díaz.

En declaraciones a los periodistas, Luena ha defendido que los derechos de los trabajadores, y sobre todo el derecho a la huelga, no se pueden ver amenazados por el Código Penal. Por ello, se ha comprometido a derogar el artículo 315.3 por coaccionar el derecho de los trabajadores a la huelga.

La secretaria general del PSOE-M, por su parte, ha expresado su apoyo a una movilización que recupera la "lucha sindical" y obrera y que grita "Huelga no es delito".

El secretario de Podemos, Rafa Mayoral, ha considerado que la "única sentencia" que puede tener este caso es la "libre absolución". Ha defendido que "nadie" puede entender que en estos momentos haya 300 sindicalistas pendientes de juicio por sus actividades reivindicativas, lo que ha tachado de "inadmisible en democracia".

Precisamente este lunes, como apoyo a los sindicalistas procesados, Podemos ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para "detener la criminalización del derecho de huelga".

Cayo Lara, por su parte, ha lamentado que tenga que convocarse una manifestación para "reivindicar derechos" conseguidos hace 40 años. "No es comprensible que en pleno siglo XXI estemos de nuevo volviendo a reivindicar el derecho de huelga, que se ha criminalizado con esta petición de la Fiscalía de 64 años a ocho trabajadores", ha apostillado.

Yolanda Díaz, diputada En Marea, ha considerado que los casi 300 sindicalistas pendientes de juicio "están siendo represaliados" y ha abogado por la unidad y la lucha en un día "histórico".

A su juicio, ahora hay mayoría suficiente en las Cámaras para derogar el artículo 315.3, utilizado "de manera torticera" por la Fiscalía.