Cuatro años de cárcel para el exviceconsejero socialista de Aragón Carlos Esco por malversación

• También han sido condenados Agapito Iglesias y Ricardo García Becerril
• Asimismo les condena a inhabilitación absoluta durante diez años

El exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco (d), acompañado por su abogado Juan Carlos Monclús, en una imagen de archivo.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al exviceconsejero socialista de Obras Públicas del Gobierno de Aragón Carlos Esco, al expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias y al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Ricardo García Becerril, a cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos.

Además, les condena a inhabilitación absoluta durante diez años y a indemnizar a la Plataforma con 8,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, una cantidad de la que es responsable subsidiaria la sociedad Codesport, según la sentencia a la que ha tenido acceso este miércoles Efe.

Iglesias, Esco y Becerril han sido absueltos del resto de delitos que se les imputaban, al igual que el ex director técnico de la plataforma logística, Miguel Ángel Pérez Cervantes, que ha sido absuelto además de Malversación de Caudales Públicos, por el que han sido condenados los tres primeros.

El 25 de septiembre de 2015 había quedado visto para sentencia el juicio por el presunto sobrecoste en la construcción de 119 naves en la mencionada Plataforma Logística, adjudicadas a Codesport, empresa de Agapito Iglesias, y vendidas después a la firma Autocity.

La oposición en Aragón ha pedido explicaciones al que fuera presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, e incluso su dimisión con senador. Echenique ha considerado,que debería dimitir o por "dejación de sus funciones" o por "mirar hacia otro lado".

Malversaron 8,7 millones

La Sección Sexta de la Audiencia considera "hechos probados" que conjuntamente Becerril y Escó malversaron 8,7 millones de euros, ya que siendo conocedores de que no debían pagar cuatro facturas a Agapito Iglesias, administrador único de Codesport -sociedad que construyó las naves en Plaza- se lo abonaron.

Estos 8,7 millones de euros correspondieron a "sobrecostes, revisiones y modificaciones de las obras de construcción" de dichas naves, una promoción que compró Autocity, en 2005, sociedad que, según el contrato que firmó con Plaza, debía de pagar este importe.

Según la sentencia, Agapito Iglesias pedía de "forma insistente" a Becerril y Esco esta cuantía, "pues Autocity no lo pagaba por haber entrado en mala situación económica y de hecho entró en concurso de acreedores en 2010".

El tribunal considera que Becerril y Esco conocían que este dinero lo debía de pagar Autocity y no Plaza, si bien lo abonaron "inmediatamente" después de que Agapito Iglesias les presentara cuatro facturas para ello, con fecha de diciembre de 2008. Con todo ello, estas naves por las que Plaza acordó pagar 22,6 millones de euros, terminaron costando 32,4 millones.

Los magistrados consideran a Iglesias "inductor" por su condición de "extraneus" al no tener la cualidad de funcionario público.

Por lo que se refiere a Miguel Ángel Pérez, los magistrados consideran que nada tuvo que ver con las cuatro facturas ni con el libramiento de esos cuatro pagarés, ya que no certificó el ajuste de las mismas a los trabajos en ellos aludidos y constataron que no falseó jamás ninguna de las múltiples certificaciones de obras que fue haciendo.

El criterio de los magistrados expresado en su resolución es que "era perfectamente evitable el pago de esas cuatro facturas pues no cabían sobrecostes ni revisión de precios frente a Plaza".

Voto particular de un magistrado

La sentencia cuenta con un voto particular formulado por el magistrado Alfonso Ballestín, que considera que se debió absolver a Carlos Esco y a Agapito Iglesias, y muestra su conformidad con el resto de la sentencia.

Por estos hechos, que fueron juzgados el pasado mes de septiembre, el Ministerio Fiscal pidió ocho años de prisión por malversación de caudales públicos para los cuatro acusados. Por su parte, los letrados del Gobierno de Aragón y de la propia plataforma logística pidieron seis años al no contemplar el delito societario, que sí apreciaba el fiscal.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la pasada legislatura por el que fuera director gerente de Plaza, Jesús Andreu, tras detectar un desfase millonario y encargar un informe pericial que trasladó a los servicios jurídicos. Los servicios jurídicos de la sociedad apreciaron indicios de delito y lo pusieron en conocimiento de los tribunales.

Este es uno de los asuntos que está en los juzgados y que afecta a la gestión desarrollada entre los años 2002-2011 por Plaza, la mayor plataforma logística de Europa. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.