El exconsejero de Empleo andaluz Viera dice que no tuvo responsabilidad en un ERE de 21 millones de euros

• Viera señala al exdirector general de Empleo Javier Guerrero
• Dice que solo estaba al tanto de las ayudas de más importancia
• Se investiga una ayuda concedida a Egmasa para un ERE de 373 empleados

El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, a su llegada a los juzgados de Sevilla.

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha rechazado este miércoles, en su declaración como imputado por prevaricación y malversación por un ERE de 21,6 millones de euros, que tuviera responsabilidad en ese expediente y ha señalado al exdirector general de Empleo Javier Guerrero.

Durante los 25 minutos que ha comparecido ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, Viera ha reiterado que las competencias para la concesión de ayudas a empresas en crisis correspondían a Guerrero, uno de los principales imputados en el caso de los ERE, han informado a Efe fuentes judiciales.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Viera ha dicho que sólo estaba al tanto de las ayudas de más importancia y de empresas relevantes, como las concedidas a Santana Motor o a las compañías mineras de la Faja Pirítica de Huelva.

Respecto a la ayuda concedida a la empresa pública Egmasa para un ERE que afectó a 373 trabajadores y costó 21,6 millones a la Junta de Andalucía, el exconsejero andaluz ha dicho que no conocía esa ayuda y que no participó en su expediente.

Ese desconocimiento, ha añadido, fue extensivo durante el periodo que presidió, como consejero, el IFA, la empresa pública pagadora de los ERE.

Desvío de fondos públicos en el ERE de EGMASA

Sólo la Fiscalía Anticorrupción ha hecho preguntas a Viera durante su comparecencia, la primera que el exconsejero presta en los juzgados de Sevilla después de que declarara en el Tribunal Supremo porque era aforado debido a su cargo de diputado nacional del PSOE.

El interrogatorio a Viera es uno de los seis que la juez ha programado este miércoles en relación con el ERE de Egmasa, cuyo horario se ha retrasado durante dos horas porque antes declararon seis testigos por la pieza del caso relativa al procedimiento específico creado por la Junta para pagar las ayudas sociolaborales.

La juez investiga el presunto desvío de fondos públicos en el expediente de regulación de empleo de 2003 de la Empresa de Gestión Medioambiental S.A.(EGMASA), ahora denominada Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

En la indagación de este expediente, la juez ha incluido a quince investigados, nuevo término que sustituye al de imputado, y a dos testigos.

La juez entiende que en la concesión de esta ayuda se pudieron cometer los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y añade que en la concesión de esta subvención "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", lo que puede ser "causa de nulidad de pleno derecho".

La Junta no valoró si las ayudas eran procedentes

Así se recoge en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, en el que se asegura que "no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo".

La Junta tampoco hizo un análisis económico para ver si eran procedentes estas ayudas, ni se han acreditado su carácter excepcional, así como tampoco solicitud formal por parte de los beneficiarios, ni resolución motivada de las ayudas, según la Intervención.

En el auto, la juez cita a un "intruso" que se incluyó en el ERE sin trabajar en la empresa, Antonio Márquez García, un liberado sindical que cuando cesó en el cargo en el sindicato en el año 2004 no fue readmitido, por lo que después de dos años, los directivos de la compañía, junto con un líder, le buscaron una salida y simularon un despido improcedente.

Para ello, pactaron en el CEMAC una indemnización por despido de más de 120.000 euros que se articuló mediante la indebida inclusión del trabajador como asegurado en una póliza colectiva, "indemnización que superaba en mucho la correspondiente a un despido y que fue pagada no por la empresa sino por la Junta de Andalucía", según la juez.