El Tribunal Constitucional suspende cautelarmente la Conselleria de Exteriores de Cataluña

• El tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo central
• La política internacional es competencia exclusiva del Estado, según el Gobierno
• Raül Romeva es el conseller de Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia

El Tribunal Constitucional suspende cautelarmente la Conselleria de Exteriores de Cataluña

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la Conselleria de Exteriores creada por la Generalitat de Cataluña, lo que acarrea su inmediata suspensión cautelar.

El asunto no estaba en principio encima de la mesa del pleno iniciado este martes, si bien finalmente ha habido una adición al orden del día inicial y se ha aprobado la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno, que conlleva la suspensión automática de la competencia de la Conselleria por al menos cinco meses, mientras se resuelve sobre el fondo del asunto, han indicado fuentes del Constitucional a Europa Press.

Los magistrados del Constitucional han dado cuenta de su decisión a la Fiscalía y escucharán al Ministerio Público y a la Generalitat antes de decidir si anulan la creación de este departamento del Ejecutivo autonómico catalán, que ha incluido estas competencias dentro de su "proceso de ruptura" con España.

El nuevo Gobierno de Cataluña, apoyado por los grupos independentistas de Junts pel Sí y la CUP aprobó el pasado enero la creación de la Consellería de Exteriores, Transparencia y Relaciones Institucionales. El departamento, dirigido por Raül Romeva, fue una de las principales novedades del president Carles Puigdemont.

La política internacional, competencia exclusiva del Estado

El Gobierno español en funciones decidió el pasado 5 de febrero impugnar ante el Tribunal Constitucional la creación del Departamento de Exteriores y pidió que fuese suspendida su puesta en marcha. Según el Ejecutivo, la política internacional es competencia exclusiva del Estado, por lo que ningún órgano autonómico puede arrogarse el ejercicio de la misma. Además, entiende que, de seguir funcionando, "podría generar consecuencias contrarias al ordenamiento jurídico".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló entonces que "la mera constitución de ese departamento" es "contraria al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas".

Esta decisión se tomó mientras el ejecutivo está en funciones, tras las elecciones generales del 20 de diciembre, pero, según Catalá, el Estado de Derecho "nunca está en funciones" en la tutela, vigilancia y garantía del cumplimiento de la Constitución y de las atribuciones de cada administración. La ley española permite, por razones de urgencia, que un gobierno en funciones lleve a cabo determinadas actuaciones.

El Gobierno, además, acude al tribunal de garantías con el informe favorable del Consejo de Estado y de la Abogacía y considera que la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado exige que las comunidades autónomas coordinen con el Ejecutivo central cualquier actividad internacional que quieran desarrollar "dentro de sus competencias".