La cúpula de Vitaldent recibía 17,2 millones en "B" cada año solamente de las 146 clínicas propias que tenía

• Así consta en el auto de prisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda
• Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10% de la franquicia acordada
• El propietario y tres directivos están en prisión provisional comunicada y sin fianza

Fachada de la sede de Vitaldent en Las Rozas, Madrid.

La cúpula de Vitaldent recibía cada años 17,2 millones de euros en "B" solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, según consta en el auto de prisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) tras tomar declaración a diez de los trece detenidos ayer por la Policía Nacional en la operación Topolino, entre ellos el propietario de la cadena dental, Ernesto Colman.

La magistrada considera probado que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda". Además, la actividad de esta organización había generado una "ingente cantidad de dinero opaco" procedente de una "contabilidad B".

Según el auto, cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10% de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y a otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.

Y no solo eso. La organización, que disponía de dos contabilidades, utilizaba un sistema informático "ad hoc" para ello, según el auto, que recuerda que se detectaron "descuadres" es las declaraciones de la renta de Colman. De hecho, en su declaración del IRPF había defraudado más de 120.000 euros en tres ejercicios.

El propio Colman era quien había ordenado que sus clínicas pagaran en metálico entre 10.000 y 12.000 euros mensuales y obligaba a sus responsables a desplazarse a Madrid para hacer el desembolso.

Incluso, a finales de 2015 requirió a algunos para que se pusieran al día en el pago de ese "canon" en "B", subraya la resolución de la juez, que también subraya la facturación sin IVA como otra de las conductas irregulares de la red que lideraba Colman y la extensión de su actuación a otros países donde contaba con clínicas.

Y los investigadores y la juez han hecho sus cálculos, de tal manera que han cifrado en 17.250.000 euros la cantidad que en "B" llegaba a manos de Colman y los suyos por los 10.000 euros mensuales de media que recibía en metálico de las 146 clínicas propias.

A ello, habría que sumar el 10 por ciento en metálico del total que tenían que pagarle las clínicas franquiciadas. Otras cifras aparecen en el auto, como los 400.000 euros que se encontraron en su casa.

Colman, en prisión provisional comunicada y sin fianza

La jueza de Instrucción número 2 de Majadahonda ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el propietario de la franquicia Vitaldent, Ernesto Colman, y otros tres directivos de la compañía: Bartolo Conte Rallo, Julio Nicolás Sisinni Casqueo y Javier Arteaga Gálvez.

A todos ellos se les considera "presuntos responsables como autores o cooperadores necesarios" de delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y apropiación indebida y un delito contable. También se les acusa de un delito de organización criminal.

También ha acordado el ingreso en prisión comunicada sin fianza de Yolanda Copete Piris y Oscar Alteaga Gálvez, presuntos responsables o cooperadores necesarios de delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento mercantil y oficial y un delito de organización criminal.

Asimismo, ha acordado libertad provisional para otros cuatro arrestados en el marco de este operativo que han prestado declaración ante la magistrada. Se trata de Luis María Aranda Vides, Miguel González-Blanch Roca, Iván Martínez Espinosa y María Jesús Lago. El juzgado acuerda la libertad de los cuatro investigados, a los que ha retirado el pasaporte y prohíbe salir del país, además de presentarse de forma regular en el juzgado, al estimar que en su caso no se aprecian las circunstancias que regulan la prisión preventiva.