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El fiscal avisa de que hay más pagos de Rato a una de sus sociedades con las que presuntamente blanqueaba

  • Los habría realizado Kradonara, controlada por el exvicepresidente, a Bagerpleta
  • Anticorrupción señala que "su origen y concreto destino está por determinar"
  • El dinero recibido desde Albisa y Telefónica tiene un "presunto origen delictivo"

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El exvicepresidente económico, Rodrigo Rato, sale en coche de los Juzgados de Plaza de Castilla
El exvicepresidente económico, Rodrigo Rato, a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla el pasdo mes de julio.

La Fiscalía Anticorrupción tiene constancia de inyecciones de dinero "cuyo origen y concreto destino está por determinar" -y que se añadirían a las conocidas hasta la fecha- de la sociedad Kradonara -de la que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway- a la firma Bagerpleta. Así consta en el sumario en el que se investiga el origen del patrimonio del expresidente de Bankia al que ha tenido acceso Europa Press.

Bargerpleta es una sociedad investigada dentro del entramado societario del exministro -cuya única actividad económica es la explotación de un hotel en Berlín, del que Rato posee un 50%- con la que se sospecha que se podría haber cometido un delito de blanqueo de capitales entre 2011 y 2014.

La documentación obrante en la causa apunta que la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramientos transfirió entre el 22 de junio y el 16 de diciembre de 2011 un total de 474.416,64 euros a una cuenta bancaria de Krandonara, que, seguidamente, transfirió hasta 420.000 euros a Bagerpleta, de la que Rato también fue administrador hasta el 22 de abril de 2015.

Asimismo, Albisa traspasó a Kradonara 360.698 euros entre el 16 de enero y el 14 de agosto de 2012. Otra vez, la receptora realizó una transferencia a Bagerpleta a la sociedad alemana por importe de 75.000 euros.

Por otra parte, durante los años 2013 y 2014, Kradonara recibió ingresos procedentes de Telefónica de 363.000 euros en cada uno de los ejercicios (más de 700.000). Rodrigo Rato fue consejero asesor para Latinoamérica y Europa de la compañía de telecomunicaciones desde 2013 hasta 2015, año en el que renunció a su puesto.

El dinero de Albisa y Telefónica tiene un "presunto origen delictivo"

Al margen de la cuestión relativa a si Rato se benefició de estas cantidades, el informe señala que tanto el dinero procedente de Albisa como el de Telefónica "tienen un presunto origen delictivo".

"Existen indicios de que tales cantidades de ilícito origen se ocultaron y transformaron a través de la sociedad alemana Bagerpleta, lo que pone de manifiesto un presunto delito de blanqueo de capitales", señala la instrucción.

Por último, señala que "además de las cantidades referidas más arriba, Kradonara ha inyectado más cantidades a Bagerpleta, cuyo origen y concreto destino está por determinar", según el sumario al que ha tenido acceso Europa Press.

Otras de las cuestiones que se abordan en la instrucción es la conexión de Rodrigo Rato con las sociedades Alihato SL y Guide Bridge Capital. En octubre de 2015, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión del juez del caso, Antonio Serrano-Arnal, de investigar las cuentas de esas empresas de las que el exvicepresidente del Gobierno intentó desvincularse y que podrían haber realizado transferencias de divisas a sus cuentas. La instrucción incluye un escrito de la Abogacía del Estado en el que se señala que "parece ser que el Sr. Rato comparte titularidades en cuentas bancarias y que en dichas cuentas constan en las bases de datos entradas de divisas superiores a los 50.000 euros".

1,3 millones de origen desconocido a través de su naviera

En el sumario del caso Rato, al que ha tenido acceso Europa Press, además, hay un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) -con fecha del 11 de noviembre de 2015- en el que se señala que el exvicepresidente del Gobierno y su hermana María de los Angeles controlan, junto con su cuñada Felicidad Salazar-Simpson (viuda de su hermano mayor), una sociedad naviera (Naviera del Pilar S.L.).

Ésta, según la ONIF, no es más que una sociedad opaca "que muy probablemente se utilizó para canalizar, en el ejercicio 2007, fondos de los tres hermanos Rato-Figaredo por un importe conjunto de 1.320.000 euros". Por este motivo, la ONIF pide al juez Antonio Serrano-Arnal que requiera las cuentas de la naviera, que fue descapitalizada entre los años 2010 y 2013.

El informe parte del análisis de la información sobre la naviera incautada al exmandatario del PP que según la ONIF es una sociedad "opacada" a través de dos sociedades holandesas y una sociedad domiciliada en Curaçao. Se trataría de una mercantil prácticamente inactiva, que desde 2004 no declara cifra de negocios, sin personal asalariado y que pese a ello ha realizado "inversiones financieras temporales" en 2007 por valor de 1,3 millones de euros "muy probablemente financiadas en su totalidad con préstamos a corto plazo" relacionados con las tres sociedades antes mencionadas y vinculadas a los tres hermanos Rato.

Añade que las características de esta compañía y el hecho de que en los ejercicios 2010 y 2013 se haya procedido a su descapitalización a través de desinversiones realizadas por los propietarios "lleva a colegir, con una alta probabilidad," que la Naviera Del Pilar se ha utilizado como sociedad instrumental "cuya única finalidad ha consistido en recibir una aportación de los socios por importe de 1.300.000,00 euros de origen desconocido y que es necesario esclarecer".

La causa contra Rato afecta a medio centenar de empresas

Hasta noviembre del pasado año, la causa afecta a 48 empresas y precisaba del análisis de 40.000 folios ya numerados, sellados y firmados y del material obrante en 29 dispositivos electrónicos cuyo contenido "equivaldría a unos 728 camiones de documentos", según consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso Europa Press.

Así lo expresó el pasado 23 de noviembre la inspectora jefe de la ONIF Margarita García-Valdecasas al juez instructor del caso en un informe en el que le expresaba la imposibilidad de analizar en 15 días, tal y como solicitaba el juez, la ingente documentación incautada en los registros realizados el 16 de abril de 2015 en los despachos y domicilio de Rato en Madrid y en un despacho de la urbanización gaditana de Sotogrande.