La exalcaldesa de Jerez del PP García Pelayo niega haber firmado adjudicaciones a empresas de 'Gürtel'

• Se investiga la adjudicación a empresas de eventos de Fitur 2004
• El Supremo investiga un presunto delito de prevaricación continuada

La exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo durante un pleno del Ayuntamiento.

La exsenadora del PP María José García Pelayo ha negado este lunes en la causa abierta por el Tribunal Supremo para investigar la firma de contratos de adjudicaciones aparentemente irregulares a empresas de la trama Gürtel cuando era alcaldesa de Jerez, en Cádiz.

El Supremo abrió en septiembre de 2015 una causa para investigar si García Pelayo cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004.

"No participé en la tramitación del expediente" aunque tenía competencias para ello, pero "yo no fui quien firmó los contratos", ha declarado a los periodistas la diputada a su salida de la declaración, que ha durado aproximadamente una hora. No ha querido responder a las preguntas de los periodistas.

"Los alcaldes no tramitan los expedientes"

La exalcaldesa de Jerez ha explicado a su salida del Supremo que en su declaración ha dejado claro que tenía "competencia para firmar los contratos" y que ha quedado "acreditado" porque han aportado "todas las actas con las certificaciones" que le delegaban la competencia para la firma.

Pero también ha dejado claro, según ha declarado ante los medios, que no fue quien los firmó y ha aportado también los documentos correspondientes: "todos sabemos cómo funcionan los Ayuntamientos, los alcaldes no tramitan los expedientes", ha agregado.

En suma, la diputada y exsenadora ha declarado que, aunque tenía competencias, no firmó contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004.

Actos de "arbitrariedad patente y grosera"

Esos contratos presentan, según el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, "groseras irregularidades". El citado magistrado fue quien elevó al Supremo una exposición razonada, al haber aparecido indicios contra la aforada, exposición que derivó en la apertura de una causa que podría llevar al alto tribunal al archivo o a pedir el suplicatorio para encausar a García Pelayo.

En el auto en el que abrió causa contra García Pelayo la Sala de lo Penal del Supremo reconocía "la trascendencia de los indicios" que existen para implicarla.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, elevó una exposición razonada al Supremo, apuntando que García Pelayo podría haber cometido un delito de prevaricación continuada, en relación con expedientes presuntamente tramitados de forma irregular y adjudicados a empresas de la trama Gurtel.

En concreto, se trataba del relativo a la adjudicación del stand de Fitur 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital.

Para el citado juez "todos estos actos y decisiones (...) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso".

El Supremo alabó aquella "detallada y bien articulada" exposición realizada por De la Mata. Además, apuntó que las adjudicaciones se podrían haber hecho sin tener la competencia para ello y en virtud de acuerdos pactados con terceros y con simulación.