La Defensora del Pueblo denuncia demoras en la tramitación de expedientes de los solicitantes de asilo

• Ha presentado el informe sobre 2015 que elabora anualmente la institución
• Asegura que no se tuvo "capacidad para responder con inmediatez y agilidad"
• Por otro lado, destaca que han caído las quejas a la institución un 23,15%

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado este jueves el informe anual de la institución al presidente del Congreso, Patxi López.

El Defensor del Pueblo asegura en su informe anual que el aumento de solicitantes de protección internacional en España "ha colapsado" los recursos previstos en el sistema de acogida español y durante 2015 no se tuvo "capacidad para responder con la inmediatez y agilidad que la situación requería".

Esta situación ha provocado, según el informe de la institución dirigida por Soledad Becerril que ha presentado ante las Cortes Generales este jueves, que algunos de los demandantes estuvieran en la calle durante días o que fueran alojados en recursos inadecuados a su condición.

El Defensor refiere quejas por solicitantes llegados al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que, una vez admitida su solicitud, se les enviaba al Samur Social para que se les adjudicaran plazas de acogida. Estos recursos, además de no estar pensados para solicitantes de asilo, "se encontraban llenos y los solicitantes eran informados de que podían quedarse una noche, si bien no siempre contaban con camas disponibles".

En las quejas recibidas se reflejaba además que los interesados no disponían de ningún lugar donde permanecer durante el día, no tenían la manutención asegurada, ni tarjeta sanitaria al no tener alojamiento ni posibilidad de empadronarse.

Demora en la resolución de expedientes

El Defensor dice que la demora en la resolución de los expedientes pendientes de años anteriores continúa sin solucionarse y no parece que los nuevos efectivos asignados a la Oficina de Asilo y Refugio sean suficientes. Asimismo, lamenta que "un año más, continúe sin ver la luz el reglamento de desarrollo de la ley de asilo, pendiente desde el año 2009".

Una parte importante de las quejas recibidas durante el ejercicio 2015, denunciaban las importantes demoras en las citas para presentar la solicitud de protección internacional, tanto en la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid, como en otras ciudades, particularmente Valencia y Málaga.

El Defensor afirma que las demoras en las solicitudes de extensión familiar "pueden acabar poniendo en una situación de riesgo a familiares de los refugiados que se encuentran en España y ya han iniciado el procedimiento de extensión o reagrupación".

En cuanto a la llegada de inmigrantes a Ceuta y Melilla, el Defensor reconoce en primer lugar "los sfuerzos realizados que han conseguido agilizar el traslado desde los centros de estancia temporal para inmigrantes (CETI) a la península". Sin embargo, expresa su "preocupación" por cuestiones que siguen ser resueltas, como "la presencia sostenida de un alto número de menores de edad en el CETI de Melilla, que en algunos meses del año 2015 ha superado la capacidad teórica total del centro, así como de personas con discapacidades físicas severas.

Sanidad para inmigrantes irregulares

El Defensor del Pueblo afirma que el derecho a la protección a la salud ampara a los inmigrantes irregulares con "graves procesos de salud" y que atenderles solo en urgencias no se ajusta a la ley de cohesión del sistema de salud.

En este sentido, subraya que en supuestos de especial vulnerabilidad como el caso de este colectivo, el derecho a la protección a ésta "debería amparar a toda persona, con independencia de su situación administrativa".

El hecho de que, una vez prestada la atención en urgencias, se proceda al alta de estos pacientes "no parece corresponderse con una cabal interpretación" de la ley de cohesión y calidad del sistema de salud. Denuncia que a "en algún centro se procede a la formalización de facturas" a estos inmigrantes con enfermedades graves o crónicas.

Las quejas sanitarias

En cuanto a las quejas relacionadas con la sanidad, la Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2015 un total de 1.465 quejas, lo que supone el doble de las recibidas el año pasado (743). De ellas, dos de cada tres han sido referidas a la Atención Especializada.

El resto de las quejas y actuaciones se aglutinan en torno a la atención farmacéutica y medicamentos (7,35%) y, en porcentajes menores, a la seguridad de los pacientes, las cuestiones de salud pública, el derecho a la asistencia sanitaria, los derechos de los usuarios y los problemas relacionados con el tratamiento de la salud mental.

En cuanto al copago farmacéutico,  considera que las administraciones deben garantizar que los pacientes no abandonen los tratamientos. "Algunas comunidades, aunque no la mayoría", han establecido programas de subvención o prestación compensatoria para ello.

Sobre las quejas en las demoras en la prestación sanitaria, indica que existe "un elevado número de pacientes que deben esperar no pocos meses, e incluso años" para recibir un tratamiento especializado, mientras que en el tema de las listas de espera quirúrgicas, apunta que algunas administraciones han argumentado la demora en que los pacientes habían rechazado ser intervenidos en centros alternativos concertados.

Becerril subraya que el hecho de que los pacientes hayan elegido operarse en su centro de referencia "no puede justificar que permanezcan durante amplios periodos de tiempo en espera".

Caen las quejas a la institución en un 23%

El informe refleja también que los temas relacionados con la administración de justicia, seguridad pública, actividad económica, empleo y educación junto con la sanidad centraron el grueso de las quejas, individuales y agrupadas, ante el Defensor del Pueblo durante 2015, que caen un 23,13% respecto al año anterior hasta las 17.822.

Además de las quejas, el documento da cuenta de las actuaciones de oficio abiertas a iniciativa de este organismo durante 2015, que ascienden a 522 (un 6,7% más que en 2014), a las que hay que añadir los 123 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional, que se han reducido a más de la mitad respecto a hace un año, cuando se presentaron 289.

En total, por áreas, las quejas, actuaciones de oficio y solicitudes de interposición de recurso ante el TC en 2015 sobre administración de justicia ascienden a 1.902. Le siguen las relativas a la seguridad pública (1.798); actividad económica (1.769); sanidad (1.465); empleo y seguridad social (1.233); educación (1.202); impuestos (1.136); función y empleo público (1.117); política social (917); migraciones (882); centros penitenciarios (465); medio ambiente (446); vivienda (365); urbanismo (357); administración local (239); igualdad de trato (119); prevención de tortura (106); y 'otros ámbitos' (2.436).

Como consecuencia de estas quejas, la institución formuló 1.503 resoluciones de las que 706 eran recomendaciones, 613 sugerencias y 184 recordatorios de deberes legales. El 42% de todos estos requerimientos fueron aceptados, el 13,2% se rechazaron y el resto, seguían pendientes al cierre del año pasado.

Madrid, donde más quejas se interpusieron

Por comunidades autónomas, el informe explica que las cifras están muy vinculadas al volumen de población, aunque también a la existencia o no de un defensor del pueblo autonómico. Madrid el lugar desde donde más se interpusieron, 4.899; seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.266; Andalucía, 2.173; Cataluña, 1.542; Castilla y León, 972; Castilla-La Mancha, 839; y Galicia, 731.

Por otra parte, el informe revela que el Defensor redujo de 36 a 29 días el tiempo medio que tarda en dar su primera respuesta al ciudadano. Sin embargo, las administraciones públicas tardaron más que un año antes en contestar a los requerimientos de la institución: 85 días de espera media frente a los 71 que marcaban en 2014. La más lenta es la administración autonómica, que se demora 97 días de media.

Sin embargo, no todas las instituciones colaboran y de hecho, el Defensor del Pueblo denunció el año pasado al Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona) ante la Fiscalía por negarse explícitamente a hacerlo. Sin llegar a esta situación pero señaladas como "entorpecedoras" de su labor, constan 38 administraciones locales y los gobiernos autonómicos de Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Madrid y Asturias.

Sobre violencia de género

También en su informe, el Defensor del Pueblo ha alertado del aumento del número de menores de edad que han sido asesinados por sus padres, como un modo de infligir el mayor daño posible a sus madres.

En el análisis de la violencia de género, la institución explica que ha pedido que se concrete la ejecución del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, dentro del Estatuto de la Víctima, que entró en vigor en 2015 y que busca visibilizar como víctimas a los menores que viven en esos entornos de violencia.

Además, el Defensor del Pueblo ha solicitado que se actualicen los datos de mujeres y menores agredidos por violencia machista que dispone la Policía, de los años 2014 y 2015, y que le informen sobre la implantación de los servicios de atención a la familia en las comisarías donde no existan.

Recuerda al Gobierno que todavía no ha cumplido el dictámen del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, otorgando "una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcionada" a Ángela González Carreño, por el asesinato de su hija por parte del padre en un visita sin supervisión.

El informe destaca que el Defensor ha abierto actuaciones de oficio por las muertes violentas de mujeres y menores, dirigidas a la Dirección General de la Policía para conocer la estimación del riesgo y a los ayuntamientos para averiguar si tienen protocolos municipales para la gestión de estos casos.

Vivienda y banca

Por otro lado, el Defensor del Pueblo pide al Estado y a las comunidades autónomas que impulsen una legislación suficiente que garantice el derecho constitucional del acceso a una vivienda, y que, mediante los presupuestos, doten de recursos a las administraciones para materializarlo.

También solicita que Sareb, el banco malo, se adhiera al Fondo Social de Viviendas, promovido por el Gobierno con propiedades de los bancos, al que en su opinión debería ser más fácil acceder.

En cuanto al sector financiero, Becerril reclama al sector financiero español una cuenta básica sin comisiones y que no cobre a sus clientes por el envío en papel de los extractos bancarios, que según la normativa se deben remitir de forma periódica y gratuita.

La Defensora del Pueblo ha explicado que tuvo conocimiento de que muchas entidades bancarias, de forma unilateral y con el fin de reducir costes, habían dejado de enviar a sus clientes la correspondencia mensual con el resumen de todos los movimientos de sus cuentas, productos o servicios contratados.

Así, en el caso de que el cliente quiera continuar recibiendo el correo postal debe llamar a la entidad y comunicarlo, aunque dicha correspondencia ahora se cobra con una tasa de 0,37 euros por cada carta, según ha denunciado la institución.