Archivan la causa por la embestida de embarcaciones de la Armada a una lancha de Greenpeace en Canarias
- Los hechos ocurrieron en 2014 en una acción contra las prospecciones de Repsol
- Una activista de Greenpeace cayó al mar y resultó herida de gravedad
- La Audiencia Nacional cree que la Armada actuó amparada por la legalidad
- El juez archiva también la querella del fiscal contra la activista por piratería
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado el sobreseimiento y archivo de la investigación abierta contra dos militares y una activista de Greenpeace por los incidentes ocurridos el 15 de noviembre de 2014, en aguas cercanas a Canarias entre militares de la Armada que protegían las prospecciones petrolíferas de Repsol y activistas de esta organización.
La acción de Greenpeace se desarrolló desde el Artict Sunrise contra el buque perforador de Repsol Rowan Renaissence con la intención de "realizar una protesta pacífica contra las prospecciones que pondrían en peligro las aguas y la economía de Canarias".
Ante el riesgo de que llevaran a cabo un abordaje, según considera acreditado el juez a nivel indiciario, una de las lanchas de la organización ecologista fue embestida por dos embarcaciones de la Armada, lo que provocó que una de las activistas, una italiana de 23 años, cayera al mar sufriendo cortes y una fractura por el impacto de las hélices.
Aquellos hechos, que ocurrieron en una zona de exclusión a la navegación, terminaron con la activista de Greenpeace herida de gravedad, sendas denuncias de la Armada y de la ONG ecologista y una querella de Fiscalía por delito de piratería por los actos de la organización ecologista.
La activista herida de Greenpeace abandona el hospital. ANGEL MEDINA G.
El juez concluye que no hay responsabilidad penal
El juez concluye que no hay responsabilidad penal ni de los militares ni de la activista de Greenpeace, que tuvo que ser hospitalizada.
Para el juez la actuación de la Armada está amparada en la legalidad, mientras que en el caso de Greenpeace, si bien considera que su conducta fue netamente antijurídica, entiende que no se puede imputar un delito de piratería a la activista que resultó herida puesto que ni comandaba ni pilotaba la lancha.
Según el auto, la joven no tuvo dominio alguno del hecho ni tenía capacidad tampoco sobre las otras tres embarcaciones de Greenpeace que participaron en la protesta, por lo que el juez cree no puede hacerle responsable de ningún delito. Su participación se limitó, dice el magistrado, "a ocupar una de las lanchas, desconociéndose si su propósito era abordar o no el buque" de Repsol.
Los hechos ocurrieron cuando el buque de Greenpeace Arctic Sunrise se encontraba en el punto donde el Gobierno de España había autorizado a la multinacional Repsol a buscar petróleo frente a Lanzarote y Fuerteventura, y en aguas internacionales.
La intención de la organización ecologista era proteger "la inmensa biodiversidad de la zona de la agresión y el peligro que suponen las prospecciones de hidrocarburos en aguas profundas".
La Armada actuó al amparo de la ley
Después de todas las diligencias realizadas, el juez considera acreditado que los militares aquel día estaban desarrollando una función de seguridad y mantenimiento del orden público, actuando como agentes de la autoridad, protegiendo la zona de exclusión a la navegación marítima, tal y como lo había acordado tres días antes en una resolución el Director General de la Marina Mercante para llevar a cabo las prospecciones solicitadas por Repsol.
Ante las reiteradas negativas de Greenpeace para retirarse, los militares no actuaron de inmediato, sino que reportaron a sus superiores, solicitando nuevas órdenes a las que se ajustaron.
La actuación de estos militares, se ajustó al cumplimiento de su deber, limitándose a obedecer las órdenes dadas, tanto el día anterior como el propio día de los hechos. Unas órdenes, que según el juez fueron graduadas en función de las circunstancias.
El juez considera acreditado que antes de emplear la fuerza, las embarcaciones de la Armada intentaron sin éxito disuadir a los activistas y evitar su aproximación y que fue cuando una de las lanchas de Greenpeace se situó al lado del buque de Repsol "con la finalidad de tender una escala y proceder a su abordaje, quedándose otra de las lanchas bloqueando el paso" cuando se dio la orden de impedir la acción "empleando la fuerza mínima imprescindible".
En ese momento, según detalla el auto del juez, una de las lanzas de la Armada, manejada por uno de los militares investigados "impactó" contra la embarcación de Greenpeace que actuaba de barrera "con la finalidad de apartarla y abrir un espacio que permitió" a una segunda lancha del ejército, pilotada por el segundo de los militares contra los que ahora se archiva el caso, "impedir la acción de abordaje al colisionar por la popa con la lancha" de los ecologistas.
Greenpeace tuvo una conducta de rebeldía
El magistrado concluye que los activistas de Greenpeace mostraron una conducta de clara rebeldía, se adentraron consciente y voluntariamente en una zona de exclusión marítima, violentaron la decisión de la autoridad pública que había prohibido legalmente la navegación en esa área, comenzaron las maniobras para intentar el abordaje del buque y mostraron señales más que evidentes de que no pensaban atender las órdenes directas de la autoridad, colocándose voluntariamente en una situación muy peligrosa.
Por este motivo, el auto recuerda que, en supuestos como este caso, la imputación del riesgo se traslada al ámbito de responsabilidad de las víctimas, en tanto que la actividad generadora del riesgo fue concebida, implementada y llevada hasta sus últimas consecuencias por los activistas de Greenpeace.
Greenpeace recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional porque considera que sí hubo una "fuerza desmedida" contra tres de sus activistas, que protestaban contra las prospecciones petrolíferas de Repsol.
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