Bruselas ve avances "escasos" en las cuentas públicas y advierte de la vulnerabilidad de la economía española

• La Comisión advierte de "sobreestimación" en las perspectivas de crecimiento
• Alerta de que "el desempleo de larga duración puede hacerse crónico"
• La recuperación del empleo no se ha traducido en una reducción de la pobreza
• "España no ha salido indemne de la crisis", asegura la Comisión Europea
• La rebaja del déficit dependerá "en gran medida" del crecimiento económico

La Comisión Europea advierte de la vulnerabilidad de la economía española

La economía española creció en 2015 y, según Bruselas, lo seguirá haciendo gracias, entre otras cosas, a las reformas emprendidas en respuesta a la crisis. Sin embargo, el país no ha tomado "medidas decididas" en algunos ámbitos del mercado laboral y los progresos en finanzas públicas "han sido escasos". Así lo señala en un informe publicado este viernes por la Comisión Europea en el que incide en que "el número de desequilibrios sigue siendo elevado" (que hacen al país vulnerable) y en el que señala que "revertir el impacto social de la crisis puede llevar tiempo".

El Ejecutivo comunitario constata que aún prevalecen algunos riesgos en el corto plazo para la economía española, entre los que destaca los peligros que supondría para el crecimiento una ralentización "más pronunciada de lo previsto" de algunos países emergentes y "una posible desaceleración de la agenda de reformas".

Bruselas deja claro que "España no ha salido indemne de la crisis". En concreto, la Comisión Europea apunta al desempleo, que sigue siendo "muy elevado, especialmente entre los jóvenes", y a la elevada deuda pública y privada que "expone al país a riesgos derivados de fluctuaciones de la confianza en el mercado y es una rémora para la economía". En este sentido señala que el entorno de baja inflación es un obstáculo para su reducción, pero contribuye a elevar la renta disponible de los hogares y, por ende, al consumo privado.

Sobre otro de los grandes desequilibrios del país, el Ejecutivo comunitario subraya que la reducción del déficit público se debe exclusivamente a factores derivados del crecimiento económico. E insiste en que España no cumplirá con el objetivo comprometido ni en 2015 ni en 2016.

"La reducción del déficit de las Administraciones Públicas seguirá dependiendo en gran medida de las perspectivas macroeconómicas positivas, que seguirán contribuyendo a los ingresos fiscales y a mantener bajo control las transferencias sociales", dice Bruselas de cara al futuro.

El crecimiento, empujado por el petróleo y el BCE

La Comisión Europea -que prevé que el crecimiento "disminuya en el futuro" aunque "siga fuerte"- advierte de que "existen riesgos de sobreestimación de estas perspectivas de crecimiento".

Además, Bruselas señala que a la recuperación económica han contribuido acontecimientos externos favorables, como la bajada del precio del petróleo, la depreciación del euro y la política monetaria del BCE. "Si algunos de estos vientos de cola disminuyeran en intensidad a corto plazo, la recuperación podría perder impulso", advierte.

En su análisis, base de las futuras recomendaciones para España, la Comisión Europea espera que durante los próximos dos años el crecimiento económico "vaya acompañado de una evolución positiva del mercado laboral", si bien alerta una vez más sobre la alta dualidad del mercado laboral, algo que "repercute negativamente" en las condiciones de trabajo y en la cohesión social.

"El paro de larga duración puede hacerse crónico"

Con todo, los analistas de la Comisión reconocen una mejora en la capacidad de reacción del empleo gracias a las reformas del mercado laboral y señalan una reducción "récord" del desempleo en 2015, aunque inciden en el "escaso incremento de la productividad", lo que hace que los aumentos de competitividad pivoten en torno a los costes y a las condiciones laborales.

Sin embargo, Bruselas advierte de que la tasa de desempleo sigue siendo "muy elevada" en España, en especial para los jóvenes, y señala que "el desempleo de larga duración puede hacerse crónico, lo que provoca un aumento de la pobreza o la exclusión social".

Así las cosas, y pese a la mejora en el mercado laboral, el informe indica la necesidad de emprender medidas adicionales en materia de desempleo y advierte de que el riesgo de pobreza sigue siendo una "importante preocupación".

Aumento general de trabajadores pobres

De hecho, Bruselas destaca que la mejora de las condiciones del mercado laboral en 2013 y 2014 no se tradujo en una mejora de los indicadores sociales durante esos años, cuando aumentó la proporción de población en riesgo de pobreza (cuya renta disponible es inferior al 60% de la mediana nacional) y en riesgo de pobreza o exclusión, que alcanzó el 29,2% en 2014 (frente al 24,4% en la UE).

En concreto, el Ejecutivo comunitario constata el aumento general del número de ocupados pobres esos dos años. Los motivos, la moderada evolución de los salarios y el aumento de los trabajadores con un empleo tiempo parcial y temporal.

Los indicadores que miden la exclusión social y la pobreza son "muy altos" en comparación a la media europea, lo que el documento interpreta como prueba de que el impacto social de la crisis económica y financiera necesitará "tiempo para ser revertida". En el informe se destaca que los menores siguen siendo el grupo más amenazado por la pobreza y la exclusión.

Bruselas también señala la necesidad de más esfuerzos para impulsar la inversión en I+D, las energías renovables y la eficiencia energética, así como para luchar contra el abandono escolar temprano.

La amenaza de la corrupción

El informe recoge la preocupación de Bruselas por la amenaza de la corrupción, habida cuenta del elevado número de casos en curso de investigación y la "ausencia de una política coherente" para la contratación pública "a todos los niveles" de Gobierno.

"La insuficiencia de los mecanismos de control complica la aplicación de las normas de contratación pública y puede crear oportunidades para la corrupción", resume el documento. Tampoco ve con buenos ojos que España no cuente con una normativia específica para proteger a los denunciantes.

La Comisión reconoce mejoras legislativas que ofrecen un marco jurídico "más sólido", por ejemplo con mayor transparencia en la financiación de partidos, pero lamenta que los numerosos casos por corrupción abiertos no hayan llevado a las autoridades a diseñar estrategias de prevención en las Comunidades Autónomas y organismos locales.